Corte Constitucional resuelve que condicionar la satisfacción del derecho a la salud a la obtención de un fallo judicial favorable constituye una barrera arbitraria e injusta.

La Corte Constitucional de Colombia revocó la sentencia del 27º Juzgado Penal Municipal de Bogotá que denegó la acción de tutela interpuesta por un hombre en favor de una mujer adulta mayor y, en consecuencia, amparó los derechos a la salud y a la vida digna de la beneficiaria.

El caso se refiere a una mujer de 93 años a quien la Entidad Promotora de Salud (EPS) había negado la solicitud por medio de la cual esta solicitó una silla de ruedas, de acuerdo con lo prescrito por su médico tratante. La recurrida arguyó que el insumo solicitado no se encuentra contemplado en el plan de beneficios de salud, por lo que para su obtención la solicitante requería obtener una sentencia favorable derivada de la interposición de una acción de tutela de derechos fundamentales.

La Corte Constitucional recuerda que la salud es un derecho fundamental autónomo e irrenunciable; que el Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para brindar un tratamiento que mejore las condiciones de salud y calidad de las personas; que en materia de salud es posible adoptar medidas de acción de protección positivas en favor de las personas de tercera edad; y, que los servicios de salud que requieran las personas de la tercera edad deben garantizarse de manera continua, permanente y eficiente.