No proceden las consultas relativas a padecer Covid-19 u otras relacionadas al estado de salud del postulante en un proceso de contratación.

Se solicitó pronunciamiento a la Dirección del Trabajo respecto del proceso de contratación de trabajadores, cuando estos se encuentren dentro de los denominados grupos de riesgo frente a la enfermedad COVID-19, consultando si resulta procedente incluir, en el proceso de contratación de trabajadores que ejercen sus labores en faenas, preguntas referidas a su estado de salud, en atención a que actualmente no se están realizando los exámenes preocupacionales; y, si podría establecerse este antecedente como un elemento determinante para la respectiva contratación sin que ello pueda estimarse una discriminación arbitraria, sino una medida de protección respecto de quienes pudieren verse expuestos al contagio del Covid-19, debido a que por su trabajo se desempeñarán fuera de su domicilio o lugar de residencia.

Al respecto, la autoridad hace presente que, mediante el Dictamen N°1116/004 de 2020, estableció criterios y orientaciones respecto del impacto que en materia laboral puede generar una emergencia sanitaria como la enfermedad Covid-19, determinando que los empleadores, en virtud de la obligación de velar por la seguridad y salud de sus trabajadores, deben preocuparse de implementar todas las medidas de prevención tendientes a colaborar en la eventual emergencia sanitaria que pudiere producir en la población trabajadora la propagación de la señalada enfermedad en los lugares de trabajo, las cuales no podrán importar una vulneración de los derechos que garantiza la ley, ni del principio de estabilidad en el empleo que inspira el orden público laboral.

En virtud de lo dispuesto en el Convenio N°111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre discriminación en el empleo, artículos 19 N°16 de la Constitución y 2 del Código del Trabajo, refiere que las personas se encuentran dotadas de un derecho constitucional en el ámbito laboral, que les garantiza no ser objeto de discriminaciones arbitrarias, impidiéndose cualquier discriminación que no diga relación con la idoneidad o capacidad personal, lo que determina la improcedencia jurídica de incluir en el proceso de contratación preguntas referidas al estado de salud de los postulantes.