Plazo para interponer acciones labores se inició el 1 de diciembre de 2021, en virtud de la prórroga establecida en la Ley N°21.226.

La Corte Suprema acogió el recurso de queja interpuesto en contra de los ministros y el abogado integrante de una Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por haber dictado la resolución que confirmó aquella de primera instancia, que declaró caducada la acción de despido indirecto, citando a audiencia de juicio respecto de las otras demandas deducidas, al estimar que se dictó con falta o abuso grave.

La quejosa señaló haberse autodespedido el día 30 de julio de 2021, esto es, durante la vigencia del estado de excepción constitucional, interponiendo la acción por despido indirecto con fecha 1 de diciembre de 2021, pues los plazos para interponer la demanda se encontraban prorrogados hasta el término de dicho estado de excepción.

Requerido informe, los recurridos señalaron que “(…) mediante decreto supremo N°153 de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se prorrogó el estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por el antes citado Decreto Supremo N°104 y sus modificaciones, hasta el día 30 de septiembre de 2021, de lo que se sigue que los plazos de caducidad de las acciones laborales que hubieren empezado a correr durante la vigencia del estado de excepción constitucional, ordinariamente de 60 o 90 días a contar de la separación de las funciones, se encontraban prorrogados únicamente ‘hasta’ el quincuagésimo día hábil posterior al 30 de septiembre de 2021, de conformidad con el inciso tercero del artículo 8 de la Ley N°21.226 (…)”. En tal sentido, sostienen que “(…) en la situación concreta, el plazo de que disponía la actora para deducir la acción por despido indirecto no inició su cómputo el día 1 de diciembre de 2021, sino que dicho término expiró precisamente al cumplirse la prórroga de los 50 días hábiles posteriores al 30 de septiembre de 2021, esto es, el día 30 de noviembre de 2021, debiendo tenerse presente que la ley especial no estatuyó un régimen de interrupción, ni de suspensión de los plazos para las acciones laborales, sino uno particular de prórroga, en la forma específica referida, satisfaciendo con ello debidamente las exigencias tutelares, tanto sustantivas como procesales, de esta rama del Derecho”.