La reliquidación de una pensión y desahucio supone invalidar una decisión previa lo que debe resolverse previa sustanciación de un procedimiento administrativo que respete las garantías del administrado.

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Talca y acogió el recurso de protección deducido en contra de la Contraloría General de la República y del Instituto de Previsión Social, por cuanto la reliquidación de beneficios previsionales no se resolvió previa sustanciación del procedimiento administrativo en el que el afectado pudiera hacer valer sus derechos.

El actor expone que el IPS reliquidó los beneficios previsionales que le habían sido reconocidos, por lo que reclamo ante la Contraloría contra lo actuado por el IPS, por haber decidido mediante sus resoluciones reliquidar su pensión y su desahucio, debido a que dichos beneficios habían sido calculados con el promedio de las últimas 36 remuneraciones y no de las últimas 24, al tenor del artículo 21 de la ley N°11.219, que fija las disposiciones por las que se regirá la Caja de Retiro y Previsión de los Empleados Municipales de la República, el que era improcedente puesto que a esa fecha era ex funcionario municipal, pensionado.

El ente contralor se pronunció sobre el reclamo, declarando que la reliquidación de la pensión y desahucio respectivo, se ajustan a derecho.