Control de identidad efectuado a personas que se encontraban en la vía pública en horario y período en que la circulación de personas se encontraba restringida por estado de excepción constitucional, se ajustó a derecho.

La Corte Suprema rechazó recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia pronunciada por el 6° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que condenó al imputado a cuatro años de presidio menor en su grado máximo, como autor del delito de receptación de vehículo motorizado.

En su libelo, el condenado sustentó su acción en la causal contemplada en el artículo 373, letra a), del Código Procesal Penal, esto es, en la infracción sustancial, en cualquier etapa del procedimiento o en la sentencia, de derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los Tratados Internacionales, en cuanto se ha vulnerado la garantía del debido proceso.

La defensa cuestionó el actuar de los funcionarios policiales, toda vez que estima que al practicarse un control de identidad a su representado sin que existiera indicio para ello procedieron de manera autónoma en un caso no previsto por la ley, lo que implicara que todas las pruebas derivadas de tales diligencias son ilícitas, y, por ende, debieron ser valoradas negativamente por los juzgadores de la instancia.