Procedimientos iniciados con anterioridad a la vigencia del estado de excepción constitucional no son objeto de la interrupción del plazo de prescripción que indica la Ley N°21.226.

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Corte de Chillán, que revocó aquella de base y, en su lugar, rechazó la excepción de prescripción opuesta por la ejecutada y ordenó seguir adelante con el proceso.

El Banco del Estado de Chile presentó demanda ejecutiva en contra de un particular, quien suscribió un pagaré, pactando el pago de la suma adeudada en 48 cuotas mensuales, con vencimiento la primera de ellas el 1 de abril de 2019. El particular no pagó ninguna de las cuotas acordadas, las que mediante cláusula de aceleración se hicieron exigibles desde el 2 de abril de 2019.

El banco demandó ejecutivamente al deudor el día 25 de julio de 2019, pero la demandada se tuvo por notificada y requerido de pago el deudor con fecha 17 de diciembre de 2020, oponiéndose a la ejecución. Fundó su excepción en el artículo 464 N°17 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 98 de la Ley N°18.092, al sostener que la acción se encontraba prescrita por haber transcurrido más de un año desde que el pagaré se hizo exigible hasta la notificación de la demanda.