Código de Procedimiento Civil.
Norma que determina el carácter de firmes y ejecutoriadas de las resoluciones judiciales, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
Requirente estima que la aplicación de la norma vulnera, entre otros, su garantía constitucional a un debido proceso.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucionalidad, la primera parte del artículo 174 del Código de Procedimiento Civil.
El precepto legal impugnado establece lo siguiente:
“Se entenderá firme o ejecutoriada una resolución desde que se haya notificado a las partes, si no procede recurso alguno en contra de ella; y, en caso contrario, desde que se notifique el decreto que la mande cumplir, una vez que terminen los recursos deducidos, o desde que transcurran todos los plazos que la ley concede para la interposición de dichos recursos, sin que se hayan hecho valer por las partes. En este último caso, tratándose de sentencias definitivas, certificará el hecho el secretario del tribunal a continuación del fallo, el cual se considerará firme desde este momento, sin más trámites*”.*
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