Cesión de facturas emitidas en relación a un contrato de construcción celebrado con la administración se rige por las reglas de la contratación pública, resuelve la Corte Suprema.

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en la forma, y acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Corte de Rancagua, que revocó aquella de base que hizo lugar parcialmente a las excepciones opuestas en un juicio ejecutivo de cobro de facturas.

El Banco Corpbanca demandó ejecutivamente a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), solicitando el pago de cuatro facturas electrónicas individualizadas con los números 659, 663, 664 y 675, emitidas por la Sociedad Sarey SpA, el 10, 11 y 28 de noviembre de 2018, respectivamente, y que le habían sido cedidas el mismo día de su emisión o al día siguiente, lo que fue puesto en conocimiento de la deudora por intermedio de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos. La ejecutante afirmó que a pesar de sus requerimientos la ejecutada no cumplió su obligación, encontrándose en mora en el pago de la totalidad de las cifras que contienen los documentos.

En su defensa, la ejecutada opuso las excepciones de incompetencia del tribunal, nulidad de la obligación y ausencia de mérito ejecutivo en los títulos invocados. Argumenta que tiene su domicilio en Santiago, y que no ha prorrogado competencia al tribunal de Rancagua. En cuanto a la nulidad de la obligación, aduce que Sarey SpA es la empresa adjudicataria de una licitación para la construcción de jardines infantiles en la Región de Coquimbo, y que celebró un contrato de factoring con el ejecutante en circunstancias que le era prohibido hacerlo, por encontrarse multada debido a infracciones de índole laboral, manteniendo esas obligaciones pendientes, las que hacían imposible la contratación efectuada con el ejecutado para ceder las facturas, y además, los contratos y facturas cedidas revisten el carácter de público, por ende, los títulos invocados carecen de fuerza ejecutiva.