La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por el Banco Scotiabank-Chile en contra de la sentencia que acogió la excepción de prescripción de demanda por cobro de deuda con la entidad bancaria.
El fallo señala que, se observa que los sentenciadores han aplicado correctamente la normativa atinente al caso de que se trata, desde que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 19 del Código Civil, ‘cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu’. La aplicación de dicha norma de interpretación legal al artículo 8° de la Ley N° 21.226, que dispone ‘se entenderá interrumpida la prescripción de las acciones por la sola presentación de la demanda’, conduce naturalmente a la conclusión de que dicha interrupción solo alcanza a las acciones que se hubieren iniciado durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad púbica, declarada por el Decreto Supremo N° 104 de 18 de marzo de 2020, y el tiempo en que este sea prorrogado.
La resolución agrega que, el texto de la ley lo señala explícitamente, al decir ‘Durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por Decreto Supremo N°104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública…’, a lo que se agrega un período nuevo, el de su prórroga, si ocurriese, es decir, este último con carácter condicional. Pero, más allá de este tenor literal, que se aviene con su propio contexto, cabe preguntar ¿qué sucedería con una demanda anterior, con fecha muy previa al citado decreto supremo, que no se notifica sino dentro del estado de excepción constitucional de catástrofe?, lo que planteamos pues, probablemente un intérprete se sienta inclinado a aplicar la interrupción que establece el artículo 8° de esta ley, si la demanda de que se tratare fuese de data muy cercana a dicho estado de excepción.
Para el máximo tribunal, el asunto debiera responderse del mismo modo, porque la normativa no autoriza la aplicación de un criterio puramente prudencial y potencialmente arbitrario, para discernir la aplicación de la norma, la cual ciertamente, además, establece una excepción muy calificada a la regla general, en materia de interrupción civil de la prescripción.
Añade que, como el artículo en cuestión habla de vigencia, debemos remontarnos al Título Preliminar del Código Civil, que en su artículo 6° señala que la ley no obliga, sino una vez promulgada, en conformidad con la Constitución Política del Estado y publicada, de acuerdo con los preceptos que siguen (hasta ahí el inciso primero).
Asimismo la resolución agrega que, otra cosa es que la ley pueda establecer una fecha distinta para su entrada en vigor, conforme el artículo 7° del mismo estatuto. A ello se asocia la disposición legal, que marca un principio general: nos referimos al artículo 9°, que sienta la regla de que la ley dispone para lo futuro, es decir, que sus efectos rigen desde su promulgación y publicación, lo que, como sabemos, no descarta que pueda haber leyes que rijan con efecto retroactivo, lo cual también tiene excepciones impeditivas, pero dentro de este entendido, no es el caso de la Ley N°21.226, que no dispone una vigencia retroactiva en la materia.
Además, el fallo consigna que la historia del establecimiento de la ley corrobora la conclusión a la que se arriba en el motivo anterior. En este sentido, destaca el Mensaje Presidencial apartado III. ‘Contenido del Proyecto’, en que se expresa que el ‘régimen jurídico de excepción’ regirá ‘desde su entrada en vigencia y hasta el cese del estado de excepción constitucional de catástrofe’. En seguida, en su párrafo 5 el referido apartado indica que ‘Para la interrupción de la prescripción de las acciones civiles, bastará que la demanda sea presentada dentro de plazo en el sistema de tramitación electrónico, sin importar el tiempo que el tribunal demore en proveerla, ni que tarde la notificación, en razón de las dificultades generadas por la emergencia sanitaria…’. Además, en la discusión en el Senado, el Ministro de Justicia, Sr. Hernán Larraín, expuso que ‘se establecen disposiciones especiales en materia de prescripción, dada la especial significación que esta tiene y que en el estado de excepción pueden generarse situaciones de mayor complejidad. Fundamentalmente, en el caso del ámbito civil, se entenderá interrumpida la prescripción con la sola presentación de la demanda’.
En este sentido también se ha pronunciado el profesor Hernán Corral Talciani para quien –en su opinión más reciente– ‘la misma ley señala que este régimen de interrupción se aplica si se presenta la demanda ‘durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo Nº 104, de 18 de marzo de 2020…’ (Autor citado, en ‘Pandemia, obligaciones y contratos: nuevas soluciones para nuevos problemas’. Revista Jurídica Digital UANDES 4 (2020) página 133)’.
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De este modo, dice el fallo, no se configura en el caso sub lite la hipótesis fáctica a que se refiere la aplicación del artículo 8° inciso primero de la Ley N° 21.226, desde que la demanda se dedujo el 27 de agosto de 2019, vale decir, antes que iniciara su vigencia el estado de excepción constitucional de catástrofe. Por lo demás, cabe puntualizar que esta Corte de Casación ha fallado sostenidamente sobre la materia en tal sentido v. sentencias de 24 de octubre de 2022, rol N° 3219-2022; 29 de agosto de 2022, rol N° 7.299-2022; y 16 de marzo de 2022, rol N° 60.567-2021.
Concluye que, el recurso de casación en el fondo no puede prosperar, por adolecer de manifiesta falta de fundamento.