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Cámara de Diputados.

Solicitan al CDE tomar parte en proceso penal por compraventa de Clínica Sierra Bella.

En la resolución se explica que esperan que la intervención del Consejo de Defensa del Estado permita cautelar el correcto uso de los recursos fiscales y sancionar penalmente los responsables.

23 de mayo de 2023

“Un proceso que ha estado empañado por un manto de dudas sobre su licitud” es lo que plantean los autores de una resolución, que pide al Consejo de Defensa del Estado (CDE) tomar parte en el proceso penal por la compraventa de la Clínica Sierra Bella.

Se sostiene que la adquisición del bien inmueble ha sido un episodio escandaloso, tanto para la gobernación comunal de Santiago, como para todo el país. Se estima que, lo que se justificó como un beneficio para la atención en salud de los vecinos de Santiago, terminó por develar una de las tramas más confusas de la historia comunal reciente.

El documento relata la historia desde su inicio e indica que, tras el inicio de una investigación penal, el Ministerio Público incautó el documento contable con que la municipalidad buscaba pagar el bien, mediando una autorización judicial.

En tal sentido, se argumenta que, previamente, como se sabe, el conservador de Bienes Raíces se negó a practicar la inscripción que perfeccionaba la compraventa y se ha conocido la resolución de la Contraloría General de la República por la que objetó la compra.

Contraloría

El criterio del ente contralor fue claro: la compraventa de la Clínica Sierra Bella tenía un precio injustificado y no había fundamento para que el municipio pagara casi 4 veces más que el valor de adquisición anterior.

Tras aquello, plantean los autores, la reacción de la alcaldesa no ha estado a la altura de la dirección política que se le exige. Así, se critica que desligue responsabilidad en funcionarios de inferior jerarquía, como el secretario de Planificación o el jefe de la Dirección Jurídica del Municipio, a quienes desvinculó, para luego conocerse, según lo declaró la propia contraparte de la municipalidad en la operación, que ella digirió las negociaciones en personas.

Los autores de la resolución son María Luisa Cordero más los diputados Jorge Durán, Eduardo Durán, Camila Flores, Hugo Rey y Diego Schalper. Se aprobó por 70 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones.  

 

Vea resolución

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  1. único que pedimos los ciudadanos que se dejen de engañar al pueblo. NO hay que ser tonto para darse cuenta de los echos

  2. creo que la inexperiencia de la alcaldesa fue aprovechada por gente que la ubico, hay manos negras que desean Hacer un negocio ilícito por ambas partes….el negocio ES ILÍCITO.