Periodistas pueden dar a conocer sus propias valoraciones e hipótesis respecto de investigaciones penales por más que después no se consideren delitos, resuelve Tribunal Supremo de España.

El Tribunal Supremo de España acogió un recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que confirmó el fallo de primer grado que condenó a un periodista al pago de 27.000 euros y al Diario ABC a la suma de 30.000 euros a título de indemnización por lesión del derecho al honor de un magistrado.

El recurrente alegó que se falló vulnerando la libertad de expresión y de informar, ya que si bien publicaron dos artículos en el que informaban que con ocasión de una causa por corrupción el magistrado no iba ser investigado por tener condición de aforado, el Tribunal de alzada no puede centrar la vulneración del derecho al honor por haberse señalado que por ser aforado no iba ser investigado, pues sólo fue una interpretación de parte del periodista y del medio de comunicación, de modo que se debió valorar la veracidad de la información en su conjunto, pues es la misma sentencia impugnada la que reconoce que las irregularidades de las resoluciones judiciales ocurrieron cuando el magistrado se encontraba de vacaciones, las cuales se materializaron a través de autorizaciones efectuadas por llamadas telefónicas. Es decir, las notas periodísticas al haber informado la existencia de las irregularidades se encuentran amparadas por el ejercicio legítimo de la libertad de información y de opinión, puesto que, el magistrado ya sea directa o indirectamente estaba involucrado.

El máximo Tribunal refiere que, “(…) el criterio decisorio utilizado en la sentencia recurrida no es correcto, por varias razones. El desvalor que puede afectar a la reputación del demandante está fundamentalmente en los hechos descritos en el artículo, hechos que la propia sentencia reconoce como veraces, no en el hecho de que el juez demandante estuviera siendo investigado por otro juez de instrucción o que solo pudiera serlo por el Tribunal Superior de Justicia, por ser aforado.”