Derechos a la educación y a la alimentación.
Corte Constitucional de Colombia insta a las autoridades a evaluar el nivel de cobertura de los programas de alimentación escolar dirigidos a adolescentes.
El objetivo de ampliar la cobertura se justifica en el mandato de progresividad de los derechos, el cual demanda que a medida que el Estado tenga mayores capacidades se garanticen en mayor medida los derechos de las personas. Se observó la necesidad de aumentar la protección de los adolescentes, porque no cuentan con amplias alternativas para la satisfacción de sus necesidades de alimentación escolar.

La Corte Constitucional de Colombia acogió la acción de tutela deducida en favor de una menor que fue excluida del Programa de Alimentación Escolar de su ciudad (PAE) en forma arbitraria, a pesar de sus antecedentes socioeconómicos que ameritaban su inclusión como beneficiaria. Amparó sus derechos fundamentales a la educación, alimentación e igualdad.
El padre de la menor accionó contra las autoridades de su ciudad debido a la exclusión de su hija adolescente que cursaba sus estudios en modalidad flexible. Alegó que, debido a las necesidades económicas de la familia, era necesario que la menor fuera beneficiaria. Agregó que había sido víctima de una discriminación arbitraria, pues los demás estudiantes sí eran titulares del beneficio, por lo que la autoridad había incumplido su deber de focalización y priorización.
El juzgado rechazó la acción interpuesta al estimar que la menor no cumplía con los requisitos previstos en la norma para optar al beneficio. Agregó que como ninguno de los niños y adolescentes de la metodología flexible estaba percibiendo los beneficios del PAE, no era posible afirmar que existió violación del derecho a la igualdad. Tras el fallo, el actor dedujo acción de tutela en sede constitucional.
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