Diario Constitucional

Recurso de amparo rechazado por Corte de San Miguel.

Si se interpuso recurso de apelación para modificar la prisión preventiva, ello demuestra que la vía de amparo no es aquella verdaderamente idónea para atender lo pretendido.

El deber de fundamentación de las resoluciones judiciales en conformidad con las normas que regulan la materia, en el caso, la concurrencia de los presupuestos de las letras a), b) y c) del artículo 140 del Código Procesal Penal, que haga procedente la medida de prisión preventiva, fue cumplido cabalmente por la Corte de Santiago.

Por Redacción·04 de febrero de 2024·3 min de lectura
Corte revoca exigencia de comparecencia personal para resolver prescripción de pena
Referencial

La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso de amparo interpuesto en contra de la Corte de Santiago, que revocó la medida cautelar de arresto domiciliario total por la prisión preventiva a un acusado por delitos de estafa y de apropiación indebida.

El recurrente alegó que la Corte de Santiago dejó sin efecto el procedimiento abreviado en el que fue condenado a la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo y a dos penas de 182 días de presidio menor en su grado mínimo, respecto de las cuales se abonaron los 1771 días que permaneció privado de libertad, restándole por cumplir 50 días, y ordenó que se realizara un nuevo juicio oral, el cual quedó fijado para abril de 2024. Añade que tras una apelación por parte de los querellantes, se dispuso su prisión preventiva, a pesar de no se acompañaron nuevos antecedentes y no hubo ningún incumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario total.

La recurrida informó que, “(…) revocó la resolución en revisión, por estimar que, dándose los presupuestos contenidos en las letras a), b) y c) del artículo 140 de Código Procesal Penal, respecto de la multiplicidad de delitos, por los que se encuentra formalizado el imputado, gravedad, y forma de comisión de los mismos, unido al gran número de víctimas afectadas, junto a la penalidad privativa de libertad que arriesga; procedía revocar la resolución en alzada y decretar la prisión preventiva del imputado, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.”

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