Cambio en las condiciones contractuales y pago de remuneraciones de funcionarios de una universidad no son materias que deban resolverse mediante el recurso de protección.

La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Cote de Coyhaique, que rechazó el recurso de protección interpuesto por la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Aysén, en contra de la misma institución, por una serie de presuntas irregularidades en el pago de remuneraciones y emisión de liquidaciones de sueldo de más de ochenta funcionarios del plantel educacional.

La parte recurrente sostuvo que, la Universidad modificó unilateralmente las condiciones contractuales de los actores, reduciendo la remuneración que les correspondía percibir desde el mes de septiembre de 2023, acto que los actores consideran arbitrario e ilegal, pues vulnera la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad; por lo tanto, solicitan a la Corte que reconozca el derecho que les asiste a que se les paguen sus emolumentos de forma íntegra, dejando sin efecto los cambios contractuales de los funcionarios recurrentes.

En su informe, la recurrida indicó que no existe ilegalidad en su obrar, indicando que actuó según su propia reglamentación interna, la cual en su artículo 5 dispone que, “(…) La Universidad tiene autonomía académica, económica y administrativa para desarrollar sus actividades, así como para determinar la forma en que distribuye su presupuesto para satisfacer los fines que le son propios, conforme a lo establecido en el presente estatuto y la ley”. Asimismo, indicó que el flujo de caja del mes de septiembre hacía imposible el pago íntegro de todas las remuneraciones, pues la institución sólo contaba con $117.000.000.- para afrontar dicho ítem, en circunstancias que los gastos operacionales de septiembre de 2023 exigían un desembolso total de $648.000.000.