La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Concepción, que acogió el recurso de protección interpuesto por un funcionario de Gendarmería de Chile en contra de su institución, por la instrucción verbal de separación de funciones en el recito penal donde sirve; y en su lugar, rechazó la acción cautelar.
El recurrente sostuvo que recibió una instrucción verbal de uno de sus superiores, para que los días 22, 25 y 26 de septiembre de 2023 ejerciera funciones diferentes a sus labores habituales, y evitara dirigirse al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Biobío, por expresa petición de la asociación de funcionarios de Gendarmería.
Refiere ser víctima de un “apriete gremial”, por parte de la agrupación de funcionarios, de la cual es dirigente uno de sus subalternos al que en días previos denunció por golpear brutalmente -y sin expresión de causa- a un interno, mientras el actor supervisaba su turno como alcaide del recinto penal.
Acusa que estas instrucciones verbales son arbitrarias e ilegales, y vulneran la igualdad ante la ley, pues solo se limitó a cumplir con la obligación de denunciar las lesiones cometidas por un gendarme a un reo, hecho que en nombre de una lealtad mal entendida fue interpretado como una traición por parte de la asociación gremial, lo que devino en una instrucción verbal que lo instaló en otras funciones y que no pudo controvertir; por lo tanto, solicita a la Corte que deje sin efecto la orden verbal y se le restablezca a sus labores previas.
En su informe, Gendarmería de Chile instó por el rechazo de la acción, fundado en que lo reclamado no se trató más que una destinación al cumplimiento de deberes funcionarios que correspondía al actor por grado y antigüedad -Teniente Coronel-, y que la forma en que fueron impartidas -verbalmente- corresponde a la generalidad de los casos, conforme a su normativa interna.
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La Corte de Concepción hizo lugar al recurso de protección, al considerar que, “(…) el actuar de la recurrida devino en arbitrio al hallarse desprovisto de razones intersubjetivamente controlables, por lo que las decisiones de que se trata aparecen más bien como respondiendo a un mero capricho de la autoridad que adoptó esa postura, y con ellas se vulneró el derecho fundamental del actor, contemplado en el ordinal 2 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental –igualdad ante la ley-, porque en iguales circunstancias el tratamiento habría sido distinto”.
La decisión fue revocada por el máximo Tribunal en alzada, luego de razonar que, “(…) de las disposiciones citadas y los antecedentes acompañados por las partes durante la tramitación del recurso, sopesados conforme a la sana crítica, ha sido posible constatar para esta magistratura que, tanto las órdenes dirigidas al recurrente, como los cometidos y sus fundamentos, se encuentran dotados de un correlato fáctico y legal. En efecto, fueron impartidas por sus superiores jerárquicos, en al ámbito de su competencia, en uso de sus atribuciones y en la forma que dispone la ley”.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema revocó la sentencia apelada y rechazó el recurso de protección.
Vea sentencias Corte Suprema Rol N°263-2024 y Corte de concepción Rol N°18.061-2023.