“se ha dispuesto tarjar previamente toda mención identificativa de su identidad, descartándose así a priori la afectación de su esfera de vida privada o sus derechos de carácter comercial o económico”.
La Corte de Apelaciones de Iquique desestimó un reclamo de ilegalidad interpuesto por la Universidad Arturo Prat en contra de una resolución del Consejo para la Transparencia que le ordenó a ese plantel educacional entregar al Presidente de la Federación de Estudiantes de esa Casa de estudio información relativa al listado de todas las remuneraciones […]
(…) tales disposiciones deben ser interpretadas en forma sistemática, pareciendo claro que los antecedentes curriculares de aquellos que pasaron la primera etapa de selección, si bien son secretos o reservados, “tal secreto o reserva lo es sólo hasta que el concurso esté pendiente»
La Corte de Apelaciones de Chillán desestimó un reclamo de ilegalidad interpuesto por la Municipalidad de Ñiquén en contra de una resolución del CPLT que acogió el amparo de acceso deducido por un concejal de esa comuna y ordenó la entrega de una serie de antecedentes referidos a la administración municipal. La sentencia razona que […]
Si se hacen públicos los fundamentos de la resolución de la Junta de Selección de Personal, prosigue la Corte, resultaría vulnerada la Carta Fundamental y la Ley N°18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas.
“se encuentra disponible al público en forma permanente en el sitio web” del SII, aunque no de acuerdo al “criterio buscado por el solicitante, sino con los fines fiscalizadores propios” del Servicio, por lo que para proporcionarla se deberían efectuar adecuaciones al software que la contiene.
La sentencia determina que la cuestión a resolver es si a la Corporación Municipal -dado su carácter de entidad de derecho privado- le son o no aplicables las normas de la Ley 20.285.
CONASIDA es sólo una instancia asesora del Ministerio de Salud, no excluye que deba calificarse a esa entidad como uno de los órganos del Estado a los que se refieren la Ley 19.885 y la Ley N° 18.575, esta última sobre Bases de la Administración del Estado.
(…)No puede entenderse vulnerado el secreto del sumario si la etapa de investigación se encuentra agotada y con “resolución de sobreseimiento”. Una decisión tal, señala, no puede “causar agravio” a la Municipalidad.
Una empresa farmacéutica interpuso reclamo de ilegalidad en contra del CPLT, alzándose por esta vía en contra de una resolución de este organismo que le ordenó al SAG proporcionar la información relativa a los medicamentos utilizados en la acuicultura del salmón que le fue requerida. El Tribunal de Alzada ratificó la decisión del CPLT, para […]
