La Ley de Transparencia contempla una instancia para que aquellos terceros que se vean afectados con la entrega de determinada información lo hagan saber, a través de una oposición.
La divulgación de la información es trascendental para efectos de generar confianza pública ante la ausencia de coordinación y lineamientos precisos por parte de los organismos multilaterales y de los diversos Estados, sobre el control, distribución y transparencia del proceso de vacunación mundial.
Las alegaciones genéricas de la Empresa Pesquera, no permitieron tener por acreditada en sede administrativa una afectación, presente y probable y con suficiente determinación, a sus derechos. Al no haber acreditado la reclamante de qué forma la entrega de la información podría conculcar los derechos reclamados, no puede calificarse que la decisión adoptada por el Consejo adolezca de un vicio de ilegalidad.
El artículo 2° letras f) y g) de la Ley N° 19.628, establece como datos personales y sensibles -y por ende forman parte de la esfera privada de la persona- aquellos que digan relación con el origen racial de las personas.
El Tribunal de alzada descartó que la entrega de la información solicitada por ley de transparencia afecte los derechos comerciales o económicos de los recurrentes.
El actor alegó que con la entrega de la información se incumplirían cláusulas de confidencialidad firmadas con el fabricante del medicamento, argumento que fue rechazado por la Corte, por cuanto las normas sobre transparencia están por sobre estipulaciones contractuales.
La reclamante alegó la falsedad en la identidad del solicitante de información, argumento desestimado por la Corte.
Las suspensiones del tránsito exigen una respuesta inmediata de Carabineros para salvaguardar el orden público, respuesta que, debido a su transitoriedad y movilidad, impiden un registro y planificación previa.
El CPLT había negado la aplicación de la Ley N° 20.285 a dicha corporación por tratarse de una institución de carácter privado, sin embargo, luego reconsideró tal decisión y declaró aplicable la ley, por cuanto la entidad desarrolla una función pública con fondos de igual naturaleza.
Por una parte, el SERVEL alegaba la inexistencia de los datos requeridos, y luego justificaba su negativa en la necesidad de sistematizar datos para entregarlos al requirente, lo que evidentemente resulta contradictorio, y lleva a concluir que la información pública solicitada sí existe y debe ser entregada.
