El Tribunal de alzada consideró que la entrega de la información no afectará las políticas comerciales del laboratorio.
El actor alegó que el CPLT, al entender justificada la negativa a entregar los antecedentes requeridos dada su inexistencia, contrarió sus propios instructivos; argumento que fue desechado, por cuando el reclamo debe basarse en una infracción de ley.
Determinó que el municipio carece de legitimidad activa para reclamar de ilegalidad amparado en las causales de reserva del artículo 21 N° 1 y N° 2, esta última porque sólo puede ser invocada por terceros que directamente vean afectados sus derechos con la publicidad de los antecedentes.
En fallos unánimes, la Octava Sala del tribunal de alzada desestimó que la información solicitada tenga el carácter de reservada o secreta.
La CMF alegó que la recopilación de la información solicitada implicaba la distracción de funcionarios de sus labores habituales, argumento rechazado por la Corte, que estableció que la gran cantidad de información no es impedimento legal para su entrega.
El tribunal de alzada determinó que la documentación entregada por la empresa es de carácter público, desde que obra en poder de un órgano público y fue objeto de análisis por otras entidades administrativas.
El principio de transparencia y publicidad es la norma general para los organismos públicos, y la negativa a entregar información solo debe sustentarse en causales legales o constitucionales que en este caso no concurren.
La hoja de vida del ex uniformado es pública, ya que dice relación con su carrera funcionaria, su calificación y desempeño en el ejercicio de sus funciones, sirviendo su contenido de fundamento para la adopción de decisiones en los respectivos procesos de calificación.
Claramente es relevante para los intereses de su dueño, en el entendido que constituyen antecedentes que guardan relación con información confidencial y estratégica para el desarrollo económico de la empresa, en especial frente a sus competidores.
Además, la Corte estableció la falta de legitimación activa de la Corporación Municipal de Punta Arenas para impugnar decisiones del CPLT, por aplicación de la limitante contenida en el artículo 28 de la Ley de Transparencia.
