El Tribunal de alzada estableció que los datos solicitados por ley de transparencia no se encuadra dentro de lo que la normativa legal considera información pública.
El Tribunal de alzada estableció que en la especie, se encuentra probado que la sancionada infringió la intimidad de la niña. Si bien es cierto se ocultó el rostro de la niña, no es menos cierto que se exhibieron los antecedentes de la niña en el programa, además de su voz y la individualización e imágenes de la guardadora y madre biológica.
El Tribunal de alzada descartó causal de reserva, por razones de seguridad nacional, de la información solicitada por ley de transparencia.
El Tribunal de alzada dejó sin efecto la resolución impugnada, dictada por el Consejo para la Transparencia (CPLT) que autorizó la entrega, al considerar que la información requerida tiene causal de reserva, al afectar derechos de terceros.
El Tribunal de alzada descartó actuar ilegal del CPLT al ordenar la entrega de la información que no está cubierta por causal de reserva.
El Tribunal de alzada desestimó la reclamación del Consejo de Defensa del Estado (CDE), al estimar que la información sobre las comisiones al extranjero del vicealmirante Ricardo Marcos Vivanco –durante el periodo en que integró el alto mando de la Armada y solo en lo relativo a año, país, duración de la comisión y porcentaje de viático asignado, excluyendo motivos y fechas específicas– es de carácter público.
El Tribunanl de alzada desestimó el reclamo, tras establecer que la información solicitada por ley de transparencia, es de carácter público.
El Tribunal de alzada desestimó que la información solicitada al Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), de la casa de estudios por ley de transparencia, tenga carácter de reservada.
El acto reclamado no cumplió con los estándares de coherencia ni completitud que debe existir entre la formulación de cargos y el acto administrativo sancionador final, lo que limita el pleno ejercicio de los derechos del administrado.
La PUC presentó un reclamo en contra del Consejo para la Transparencia ante el tribunal con el objeto de dejar sin efecto la orden del organismo que estableció la calidad de públicos de los antecedentes solicitados.
