Los Ministros Fernández Baeza y Venegas estuvieron por aplicar en este caso lo preceptuado en el artículo 39, en relación con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 41, ambos de la LOC del Tribunal Constitucional, en el sentido de otorgar plazo para subsanar los defectos de la acción o completar los antecedentes que hubieren sido omitidos.

La Magistratura reitera que la acción de inaplicabilidad tiene por objeto examinar la constitucionalidad de un precepto legal cuya aplicación en una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial se impugne por estimarse contrario a la Constitución.

La resolución que se pronunció sobre la incidencia de previo y especial pronunciamiento, que fue la que dio origen a la gestión en que incide el requerimiento, al encontrarse ejecutoriada, hace que no pueda estimársela ya pendiente, por lo que si en ella no podrá recibir aplicación el precepto objetado la acción es inadmisible, sin perjuicio de que la causa ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso prosiga su tramitación.

La norma impugnada dispone que al conceder este beneficio el tribunal establecerá un plazo de observación que no será inferior al de duración de la pena, con un mínimo de un año y máximo de tres, e impondrá las siguientes condiciones que el reo deberá cumplir: «d) Satisfacción de la indemnización civil, costas y multas impuestas por la sentencia».

«El Tribunal se encuentra obligado a respetar la competencia de los jueces del fondo y a aplicar el principio de deferencia razonada hacia los poderes del Estado».

Se solicitó declarar inconstitucional determinados autos acordados dictados por la Corte Suprema para que no fueran aplicados en una causa por secuestro calificado y desaparición forzada de personas de que conoce un ministro de fuero de la Corte de Santiago, “Episodio Tejas Verdes”, por contravenir la Constitución.

En mérito de lo certificado por el TOP que dictó el segundo fallo condenatorio que da cuenta que declaró inadmisible el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del sentenciado.

La Sala designada resolvió que el requerimiento no cumplía con la exigencia constitucional de la existencia de una gestión pendiente seguida ante un tribunal ordinario o especial.