Se verificó un cambio de criterio en la autoridad administrativa que, sistemática y reiteradamente, en los tres años inmediatamente anteriores al de la denuncia había aceptado la presentación de la solicitud de validación de estudios, por parte de la reclamante.

El hecho que el establecimiento educacional haya subsanado su falta no elimina la veracidad del defecto constatado, solo atenúa su sanción.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia, dictada por el Primer Juzgado de Letras de Iquique, que ordenó a la casa edilicia pagar a la empresa una indemnización total de $1.263.075.787, por incumplir obligación de fiscalizar el efectivo cumplimiento del pago de las tarifas de los estacionamientos ubicados en la zona concesionada; más $3.000.000 por concepto de daño moral.

El Tribunal de alzada consideró que el reclamo de ilegalidad no es la vía idónea para reclamar de la decisión que debe ser recurrida al Tribunal de Contratación Pública o un juicio civil.

El Tribunal estableció la responsabilidad del municipio en el accidente por falta de mantención de la acera.

El Tribunal estableció que la corporación educacional demandada no rindió pruebas para acreditar la devolución de los fondos reclamados.

El Tribunal de alzada revocó la sentencia apelada, dictada por el Primer Juzgado de Letras de La Serena, y estableció, además, el pago de bono poslaboral por un valor total de $51.489.963.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el Primer Juzgado Civil de Rancagua, con declaración que se eleva la indemnización por daño moral de 105 a 200 UF.

El Tribunal de alzada ratificó la sentencia impugnada, dictada por el Juzgado de Policía Local de Calera de Tango, con declaración que la multa impuesta se rebaja a $5.000.000.

El máximo Tribunal estableció que no corresponde presentar un reclamo de ilegalidad en contra de una actuación administrativa de mero trámite, que no tiene carácter de resolución terminal.