“el propio órgano de la Administración con su inacción atenta gravemente contra los intereses patrimoniales del Estado”.
“Comprendido en el mandato impuesto a las Municipalidades por el artículo 1° de la Ley N° 18.695, en cuanto deben satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas».
“al aumentar el monto de la indemnización, fijándola en diez millones de pesos para cada uno de los dos actores”, no otorgó “más de lo pedido, puesto que de la lectura del recurso de apelación que ellos han interpuesto aparece que solicitaron al tribunal de alzada el aumento de la cantidad fijada por el de primer grado, teniendo como límite la suma de cien millones de pesos respecto de uno de ellos y de cincuenta millones de pesos respecto del otro”.
“los requisitos, en general, de la responsabilidad extracontractual están constituidos por la existencia de un hecho ilícito –doloso o culposo- el resultado dañoso y la relación de causalidad entre uno y otros”.
«…resulta redundante fundar la casación en normas constitucionales, ya que sólo establecen derechos de orden general que luego se desarrollan en normas legales».
“se colige que el propósito final de las argumentaciones de la recurrente es promover una nueva valoración de las probanzas allegadas, distinta a la efectuada por los jueces del mérito, actividad que resulta ajena a la casación”.
«La Corte Suprema acogió el arbitrio procesal, luego de concluir que, dado que el ius puniendi del Estado se encuentra en el origen de la potestad sancionatoria de la administración, corresponde que ésta se sujete al principio de legalidad, concretado en el mandato de tipicidad de las infracciones y las sanciones que se impongan…»
“En ausencia de una regla específica sobre el punto, las infracciones y sanciones administrativas deben prescribir en el plazo de seis meses establecido para las faltas en los artículos 94 y 97 del Código Penal”.
«…el órgano contralor reconoció en un error en la emisión de su dictamen y que examinado el proceso no se ha dado efecto de cosa juzgada a la sentencia aludida, dictada en otros autos, sino que sólo se han considerado hechos contenidos en tal fallo para concluir que los decretos alcaldicios impugnados son nulos por carecer de causa, al quedar sin sustento fáctico.»
“en el caso de marras quedó establecido que la solicitud de interceptación telefónica del demandante fue hecha a sabiendas de que se trataba del abogado defensor de algunos de los imputados de la causa en que aquella se otorgaba, lo que no se hizo saber al tribunal”.
