La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Viera-Gallo, quien estuvo por declarar la inadmisibilidad del requerimiento, por carecer de fundamento plausible, toda vez que formula una cuestión de mera legalidad propia de las atribuciones de los jueces del fondo.
La gestión pendiente invocada incide en un juicio ordinario de nulidad de derecho público seguido ante un Juzgado Civil de Santiago, mediante el cual se pretende anular una serie de actos y procedimientos administrativos realizados, tanto por la SVS como por la Tesorería General de la República, en el marco de un procedimiento de reliquidación y posterior cobro de multa e intereses dispuesto en contra del afectado por la SVS.
Diversas han sido las opiniones que ha suscitado este caso, como la del Diputado Jorge Sabag, el que acusó de “negligencia inexcusable” del Gobierno por no defender al Registro Civil en alegato en Tribunal Constitucional, ya que en los alegatos existió ausencia de abogados representantes del Ejecutivo.
«concluye el Ministro disidente, como reiteradamente lo ha declarado el TC, la interpretación legal no queda comprendida dentro de sus atribuciones, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, N° 6°, de la Carta Fundamental.»
«La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Fernández Fredes, quien estuvo por declarar inadmisible el requerimiento ya que resolver la cuestión planteada, aduce, exige necesariamente pronunciarse sobre si debe aplicarse el DFL 850/1997, del Ministerio de Obras Públicas, o el DFL 323, de 1931».
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Carmona, quien fue del parecer de declarar la inadmisibilidad del requerimiento, ya que, aduce, se concurre en la causal de inadmisibilidad del N° 5 del artículo 84 de la LOCTC, pues de los antecedentes de la gestión pendiente en que se promueve la cuestión, aparece que el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación en ella o no resultará decisivo en la resolución del asunto.
La gestión pendiente invocada es un recurso de casación en el fondo seguido ante la Corte Suprema, mediante el cual pretende anular la sentencia que la condenó al reembolso de las sumas de dinero que corresponden al costo del traslado de las instalaciones que esa empresa mantenía en bienes fiscales.
Este sostiene que el CPLT resolvió que debía proporcionarse “toda la información requerida respecto del Director Nacional de FOSIS, con la sola excepción de la referencia de terceros dentro del proceso de selección”, lo que aquel estima afecta los principios de confidencialidad y reserva que amparan al proceso de selección.
«La requirente sostiene que de aplicársele la norma impugnada se lesionarán –entre otros derechos constitucionales- su igualdad ante la ley, la igual repartición de las cargas públicas, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, la no discriminación arbitraria en el trato que deben otorgar el Estado y sus organismos en materia económica, la reserva legal y el derecho de propiedad…»
Lo anterior, por cuanto estima que las citadas disposiciones legales podrían resultar decisivas en la gestión judicial que se encuentra pendiente, que es sólo el cumplimiento de la sentencia definitiva de uno de los procesos laborales seguidos ante el Juzgado de Letras de Rancagua y que, a su respecto, la acción de inaplicabilidad deducida se encuentra razonablemente fundada.
