La sentencia llama la atención respecto de la relación colaborativa y temprana que debe existir entre el Estado y el regulado, enfatizando que “considerando la naturaleza provisoria de esta actividad (construcción inmobiliaria) y la importancia de este mecanismo (asistencia al regulado) para la prevención y promoción del cumplimiento ambiental, el Tribunal estima que este derecho debe ser conocido por el regulado desde la etapa de fiscalización.

La medida busca establecer alertas tempranas para evitar que la contaminación se propague a la población.

El objetivo del evento fue promover la transparencia en la gestión del Tribunal e incentivar el diálogo interinstitucional y con la ciudadanía respecto de temas como jurisprudencia, conciliaciones como mecanismo de resolución de conflictos, nuevo proceso constituyente, perspectiva ambiental y cambio climático, como también analizar y reflexionar respecto de aquellas reformas necesarias para el sector.

Para la SMA los hechos que constituyen la infracción tiene relación con “la disminución del nivel freático en el `Sector de Tilopozo´ mayor de 25 cm  superándose con ello, de forma permanente en el tiempo desde el año 2005, la disminución máxima aceptable del nivel freático que pueden soportar los niveles vegetacionales, sin ejecutar la medida de reducir el período de explotación a menos de 21 años”.

La sentencia del Tribunal, señala que la reclamante no cuenta con legitimación activa y carece de acción para interponer la reclamación.

El procedimiento sancionatorio se inició debido a que la empresa no realizó el cambio de una antorcha que permite reducir emisiones. Esto se encontraba dentro de los compromisos establecidos por el titular en el permiso ambiental de 2004.

En la audiencia realizada el martes 7 de marzo, las partes se refirieron a las acciones contempladas en el Programa de Cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente.

Para proteger, preservar y contribuir a la conservación de la flora y fauna características del Salar del Huasco, en especial las amenazadas. Se disponen acciones permanentes que permitan asegurar sus procesos evolutivos y la biodiversidad presente en el área, en un marco de gestión participativa.

A nivel general, se verificaron incumplimientos en los planes de protección de flora y fauna en un proyecto eólico, fotovoltaico y en una minera de hierro.

La comunidad indígena argumenta que “la autoridad ambiental ha validado en reiteradas ocasiones y de forma arbitraria, incluso en la resolución reclamada, la afirmación del titular respecto a que su proyecto no generará aquellos impactos significativos en relación con la comunidad indígena de Colla de Pai Ote”.