El proyecto inmobiliario consiste en la venta de 269 parcelas, con un “club house”, laguna artificial, más la habilitación de servicios y caminos. Lo anterior, emplazado en la zona que deslinda con el río Trancura y los “Saltos de Marimán”, atractivo natural y turístico del sector.

La Empresa reclamante argumenta que la infracción estaría prescrita y que se habría generado el decaimiento del procedimiento administrativo, lo que es descartado por el organismo fiscalizador.

Luego de analizar los antecedentes del caso, el Tribunal concluyó que la autorización de la Seremi de Salud, mediante la cual se autorizó a Geobarra para disponer residuos peligrosos, no tienen un correlato en los hechos, pues la empresa se dedica a la gestión de residuos y no realiza actividades de disposición final y/o eliminación de dichos residuos.

El procedimiento sancionatorio se inició con motivo de una fiscalización realizada por la Seremi de Salud, en la que detectó un conjunto de incumplimientos graves asociados a la salud de los trabajadores de RECIMAR y la comunidad adyacente (Villa Kamac Mayu, Teletón de Calama y Comunidades Indígenas de Yaquincha), decretando la medida sanitaria de prohibición de funcionamiento.

El Servicio reclamado descartó que no se hayan analizados los planes y programas del territorio durante la evaluación ambiental, sino que concluyó que ellos eran compatibles con el proyecto.

En septiembre de 2020, se logró verificar que el proyecto de loteo correspondiente a la Unidad Fiscalizable “Loteo Inversiones Lampa SpA”, debía someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), conforme al D.S. N°40/2012 del MMA.

“De los antecedentes del procedimiento administrativo no puede estimarse en modo alguno que la demolición de instalaciones periodísticas, con la posterior excavación y socalzado de muros satisfaga necesidades básicas de la comunidad, así como tampoco que exista la desigual distribución de las cargas y/o beneficios ambientales invocada por las reclamantes”, razona la sentencia.

La medida fue autorizada por el ministro de turno, Cristián Delpiano, y se extenderá por un plazo de 30 días corridos desde su notificación a la empresa por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Durante 2020 ingresó un total de 53 causas, desglosadas en 46 reclamaciones contra actos de la Administración y 7 demandas por daño ambiental. En 2019, ingresaron 37 causas.

La reclamante aseguró que desde que inició el funcionamiento de la planta de compostaje los vecinos comenzaron a sufrir la presencia de vectores, como moscas y ratones, empeorando su calidad de vida.