El tribunal rechazó la objeción a la medida cautelar presentada por la compañía minera debido a las implicancias del socavón de Tierra Amarilla.
Luego de analizar los antecedentes de la causa, la sentencia concluye que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) no justificó adecuadamente que la iniciativa inmobiliaria no generará efectos en sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, específicamente asociados a potenciales impactos viales.
La iniciativa, de 12,6 millones de dólares, pretende optimizar y sanear la gestión de aguas subterráneas y superficiales dentro del terreno donde opera la faena La Coipa.
El fallo considera la reparación del daño ambiental producido en el Humedal Angachilla y el cese de toda actividad de disposición de tierra, materiales o residuos, y de relleno, secado o drenaje, que se desarrolle en el humedal, sin los permisos respectivos.
Tras realizar la evaluación anual de las emisiones máximas permitidas para la instalación, se concluyó que la refinería sobrepasó los límites establecidos para Material Particulado y SO2, para el año 2022.
La sentencia ordena al Ministerio del Medio Ambiente pronunciarse sobre los vértices de la cuenca Antiñir y sobre los predios de las empresas que no habían sido considerados en la superficie original del humedal urbano.
El proyecto consiste en un proceso de transición energética que tiene por objeto cambiar la generación eléctrica en base a carbón por generación eléctrica en base a gas natural y como respaldo, a petróleo diésel. Contempla una inversión estimada de US$50 millones y dos fases: la construcción, que comenzaría en octubre del año 2023 y la operación que comenzaría en julio de 2025.
La Superintendencia del Medio Ambiente aplicó una multa de 1.870,8 UTA, por no reemplazar una de las antorchas del proyecto y no reportar la frecuencia de monitoreo exigida.
Para el Ministro Titular Abogado, Sr. Iván Hunter, los tribunales ambientales han sido actores claves en el progreso de las instituciones, ya que sus decisiones han permitido ordenar y sistematizar el derecho ambiental, haciéndolo más coherente y racional, así como también estableciendo estándares de cumplimiento normativo.
La empresa puede ser multada con más de $600 millones de pesos por ruidos molestos producidos por la construcción.
