Los hechos constitutivos de infracción se vinculan con la ejecución de un proyecto de desarrollo minero sin contar con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y con el incumplimiento de una instrucción de carácter general asociada a la caracterización de las descargas de residuos industriales líquidos (RILes). En cuanto a las medidas provisionales ordenadas, éstas tienen por objeto evitar tanto la afectación de las turberas existentes en el área de desarrollo del proyecto, como la descarga de RILes con alta turbiedad a cursos de agua superficiales.

La sentencia ordena a la SMA instruir un procedimiento administrativo que incluya, a lo menos, la audiencia del interesado y que concluya con la dictación de un programa de monitoreo definitivo.

El máximo Tribunal dejó sin efecto la resolución del Segundo Tribunal Ambiental, que rechazó la reclamación y que dio luz verde al proyecto que se emplaza en la cuenca del humedal Topocalma, declarado sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.

La Municipalidad de Santiago solicita al Tribunal que acoja la reclamación, dejando sin efecto la decisión del SEA, para que el Comité de Ministros y el Director Ejecutivo del SEA, revisen su recurso administrativo y se pronuncien respecto de las alegaciones de fondo que realizó en contra del proyecto de Metro.

La sentencia concluyó que la declaratoria de humedal urbano realizada por el Ministerio del Medio Ambiente es legal, y que el derecho de propiedad o la actividad que desarrolla la empresa reclamante no son un impedimento para ello.

La sentencia explica que aun cuando la sola presencia de la vegetación hidrófita es suficiente para entender que se está ante un humedal urbano; el problema reside en este caso, en que la resolución reclamada solo realiza una referencia general a ella, sin desarrollar más antecedentes al respecto que resultan fundamentales para justificar la decisión del Ministerio.

La inspección personal consistió en un recorrido por seis puntos del humedal urbano Los Pelúes, sector Isla Teja, para analizar las condiciones ambientales existentes en esta área asociada a la controversia de la reclamación.

Tres de estos proyectos inmobiliarios contemplarían la ejecución de obras y actividades en áreas colocadas bajo protección oficial como los son el Santuario de la Naturaleza Estero Quitralco, la Zona de Interés Turístico “Provincia de Los Glaciares” y la Zona de Interés Turístico Chelenko.

“Hemos sido testigos de una tremenda revolución institucional sobre la materia, que nos hizo transitar desde un escenario de leyes sectoriales fragmentarias o dispersas, a una institucionalidad ambiental con leyes y reglamentación precisa, y recubierta por la presencia de organismos administrativos y jurisdiccionales altamente especializados”, afirmó el Ministro Presidente de la Corte Suprema.

La reclamación busca anular la resolución de la SMA que requirió solo el ingreso del proyecto “Rehabilitación central hidroeléctrica Los Maquis” al SEIA y no dio inicio a un procedimiento sancionatorio.