Lo anterior, en el marco de la medida urgente y transitoria (MUT) ordenada en enero de este año contra el titular, Casablanca Transmisora de Energía S.A., por la ejecución del proyecto “Nueva Línea 2×220 Nueva Alto Melipilla- Nueva Casablanca- La Pólvora- Agua Santa” que se emplazará en distintos puntos de las regiones Metropolitana y Valparaíso.

El proyecto tiene por objeto sanear -es decir, recuperar y limpiar- el terreno Las Salinas, el cual resultó contaminado con hidrocarburos a raíz de las actividades que se ejercieron en el lugar desde el año 1919, utilizando la técnica de biorremediación.

En el prólogo, el exministro del Primer Tribunal Ambiental, Mauricio Oviedo, explica como la obra tiene el mérito de “revisar con enfoque crítico las cuestiones que han generado más debate a nivel nacional en estos 10 años de funcionamiento de la justicia ambiental” y destaca como esta justicia especializada nacional es “un referente a nivel mundial”.

La iniciativa introduce modificaciones a las leyes N° 20.417, N° 19.300 y N° 20.600. La consulta recae sobre la denuncia que puede interponer cualquier persona ante la SMA, por incumplimiento de un instrumento de carácter ambiental, y sobre la fiscalización de las normas de emisión de ruidos generados por fuentes fijas y la competencia que busca entregar a las municipalidades para la ejecución de esta labor.

La reclamación contra la SMA busca anular la resolución que resolvió requerir al titular del proyecto inmobiliario “Terranova Home”, el ingreso al SEIA. “Terranova Home” es un proyecto del titular Inversiones e Inmobiliaria Plaenge Chile, ubicado en la comuna de Temuco, Región de la Araucanía y contempla la construcción de 181 viviendas.

La causa admitida a trámite, es la primera que tiene relación con la Ley que crea el Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

El artículo 8 de la Ley 20.780 establece un impuesto anual, a beneficio fiscal, para gravar las emisiones al aire de material particulado, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y dióxido de carbono, que sean producidas por establecimientos cuyas fuentes emisoras, individualmente o en su conjunto, emitan 100 o más toneladas anuales de material particulado o 25.000 o más toneladas anuales de dióxido de carbono.

La empresa arriesga una multa de hasta diez mil unidades tributarias anuales, equivalentes a más de $7.775 millones a valor actual de acreditarse las dos infracciones que se le imputan.

Las multas fueron aplicadas, entre otras cosas, por la no implementación adecuada y oportuna de las medidas de prevención sobre los sitios arqueológicos del área de influencia del proyecto Línea de Transmisión Eléctrica; y por la alteración no autorizada de 31 sitios arqueológicos no identificados en la evaluación ambiental del proyecto de líneas de alta tensión.

El fallo contó con el voto preventivo de la ministra presidenta (s) Sandra Álvarez Torres quien manifestó que al tratarse de una controversia que tiene relación con un Programa de Cumplimiento existirían “actos iniciales tanto para el despliegue de una fiscalización como para la formulación de cargos, correspondientes a resoluciones exentas emanadas de autoridad competente”.