La Superintendencia del Medio Ambiente advirtió que, ante el aumento de temperatura, el objetivo es que se implementen todas las medidas comprometidas, a fin de evitar y controlar posibles efectos generados por malos olores.
Empresa arriesga una multa de hasta 21.000 unidades tributarias anuales (UTA), equivalentes a más de $ 16.000 millones a valor actual.
“A juicio del Tribunal, la resolución reclamada adolece de vicios de legalidad, toda vez que se basa en un procedimiento administrativo viciado. Lo anterior, atendido que FLESAN recién tuvo conocimiento de la inspección y medición de ruidos casi dos años después de realizada, al ser notificada de la formulación de cargos, y cuando la faena de construcción había terminado”, concluye la sentencia.
La sentencia determinó que no se configuró daño ambiental en relación con las intervenciones realizadas en el Humedal Teja Sur alrededor del año 2000. Entre los argumentos presentados se encuentran afectaciones a servicios ecosistémicos, pérdida de hábitats de vida silvestre, impactos en la provisión de agua, cambios en la regulación del humedal, y daños a servicios ecosistémicos culturales.
La instrucción establece la forma en que los regulados deberán entregar la información necesaria para acreditar el cumplimiento de las metas de recolección y valorización.
En actividades de fiscalización se constató la superación de los decibeles permitidos por la norma de referencia para el horario diurno. El titular -Hotelera Mirador del Cerro Ltda.- arriesga una multa de hasta 5 mil UTA, equivalentes a más de $3.800 millones.
Cabe recordar que los siete reclamantes acudieron al Tribunal una vez que la Dirección Ejecutiva del SEA y el Comité de Ministros rechazaron las reclamaciones administrativas que se habían interpuesto en contra de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable del proyecto de explotación de litio de Minera Salar Blanco S.A.
La obra del autor da cuenta de un abordaje práctico y concreto de los tipos penales recientemente creados, con análisis orientados a facilitar la comprensión y aplicación práctica de ellos por operadores jurídicos del sector privado, así como por jueces de garantía y de Tribunales Orales en lo Penal, defensores y fiscales del Ministerio Público.
Según sostiene el CDE en su acción judicial, el “obrar dañoso de la empresa y sus representantes legales afectó y continúa afectando el Humedal de Puente Negro y el ecosistema asociado, en particular para la avifauna, y más específicamente para la Becacina putada, clasificada según su estado de conservación “En Peligro”, y cuya presencia es particularmente relevante en el humedal.
La actividad reunió a gran parte de los países miembros de la red que tiene como objetivo establecer una coordinación regional en materia de fiscalización y cumplimiento ambiental.
