Solicita medida cautelar innovativa para detener toda actividad y trabajos realizados en el uso y aprovechamiento de aguas en los territorios de la Reserva.
Debió someterse a un Estudio de Impacto Ambiental por las obras de secado, drenaje y relleno de un humedal ubicado en el predio donde se emplazará el proyecto.
La falta de información relevante y esencial no es un supuesto exclusivo del término anticipado de la evaluación ambiental, ya que es parte fundamental del procedimiento, emanado del principio preventivo que lo rige, y es en base a tales antecedentes, o la falta de ellos, que un proyecto podrá ser aprobado o rechazado.
Solicita que el Tribunal declare la ilegalidad de la resolución sancionatoria, sustituyendo la sanción de multa por amonestación por escrito o, en subsidio, rebajando la cuantía multa impuesta a 10 UTA o lo que esta judicatura especializada determine.
Con esta decisión la Corte Suprema confirmó la sentencia del Tribunal Ambiental que, acogiendo parcialmente la reclamación, había ordenado a la SMA dictar una nueva resolución sancionatoria contra los planteles, en la cual fundamentara adecuadamente la aplicación de las circunstancias del artículo 40 de la Ley Orgánica de la SMA para establecer la multa.
Solicitan al Tribunal que revoque tanto la resolución que rechazó los recursos de reclamación, como la RCA que calificó favorablemente el proyecto, y que “ordene la corrección del procedimiento según las medidas que estime pertinente”.
La notificación realizada por el organismo fiscalizador se ajustó a la ley, la infracción no está prescrita ni decayó el procedimiento administrativo.
La sanción se basa en planes de manejo tramitados por el propio titular, que explicitan como objetivo la construcción de viviendas y la corta de especies para garantizar la vista de las parcelas.
Por la alteración significativa que el proyecto podría provocar en el sistema de vida y costumbres de los miembros de la comunidad indígena.
La sentencia pone énfasis en que, salvo actividades de subsistencia, toda actividad productiva genera impacto en el medioambiente por lo que la normativa nacional e internacional ha diseñado procesos de evaluación que permite determinar las externalidades negativas para que, en base a las mismas, el titular del proyecto adopte medidas de mitigación, compensación o reparación apropiadas.
