El Tribunal resolvió preparar estas bases de conciliación, considerando el largo tiempo que ha transcurrido desde que las partes iniciaron conversaciones para alcanzar un acuerdo, en septiembre de 2017, y que a la fecha éstas no han arrojado resultados.

De acuerdo al máximo Tribunal, “la actora acompañó una escritura pública que, si bien aparece titulada como ‘mandato administrativo’, claramente contiene la voluntad de los mandantes, manifestada ante Notario Público, en orden a que la profesional actúe en su representación, en toda gestión judicial en que tengan interés”.

El órgano fiscalizador deberá informar en un plazo de 10 días, debiendo adjuntar copia autentificada del expediente administrativo que dio lugar a la decisión impugnada.

El máximo Tribunal estableció que la operación de la empresa Frigorífico Temuco SA en un sector poblado de la ciudad, genera un inminente riesgo para la salud pública y de daño medioambiental.

La recurrida actuó con total apego al ordenamiento jurídico y con una base técnica sólida en miras a proteger el ecosistema de la laguna, la sustentabilidad económica de la misma y la salud de las personas.

Las medidas cautelares no solo buscan precaver un peligro en la infructuosidad de la sentencia, sino que además tienen por objeto impedir los efectos negativos de los actos o conductas sometidos al conocimiento del Tribunal.

La reclamante había presentado una denuncia ante la SMA en contra de la minera la que fue archivada por estimar que no revestía la seriedad o mérito suficiente para dar lugar a un procedimiento sancionatorio.

El reclamante llegó al Tribunal luego que la SMA archivara a través de dos resoluciones la denuncia por elusión al SEIA que había interpuesto contra el proyecto, pues no se habría sometido a evaluación ambiental una modificación, consistente en la edificación del Terminal de Pasajeros de Valparaíso.

El proyecto no cumple con el requisito de ingreso al SEIA, consistente en tener una capacidad para 5 mil o más personas.

El máximo Tribunal declaró inadmisible un recurso de queja, pero consideró que se debe admitir la participación del abogado denunciante en el proceso por supuesto incumplimiento de la normativa ambiental de la fundición.