Por Tomás Shejade Fuentes*

Si bien la última encuesta se realizó por medios telefónicos, atendido el contexto de pandemia, esta vez el Programa de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos (CEP) volvió a su forma habitual: encuestar de manera presencial.

“Nosotros tenemos una metodología de muestreo aleatorio hasta la última etapa, cuya muestra la hace DataVoz, que es una metodología de muestreo de diseño complejo, estratificado por conglomerados en tres etapas . Estratificamos por región, zona urbana y rural”, explica Carmen Le Foulon, Coordinadora del Programa de Opinión Pública del CEP.

Luego, se elige aleatoriamente en forma proporcional a la población las unidades primarias de muestreo (UPM), que son manzanas o entidades rurales. “Ahí es cuando empieza el trabajo de campo. Los encuestadores van y empadronan las viviendas y una vez que se tiene el listado se aleatoriza la selección, tanto de las viviendas (segunda etapa) como de entre las personas al interior de la vivienda (tercera etapa)”, añade.

La encuesta se realiza a personas mayores de 18 años. Si es que la persona seleccionada al azar no está en ese momento en la vivienda, el encuestador tiene que volver otro día para realizar la entrevista. “Nosotros hemos llegado a tener 6-7 visitas en esos casos. Si finalmente la persona no responde la encuesta, no se reemplaza, se pone en el grupo de las no respuestas”, destaca.

Así, para poder llegar a las 1500 personas, que es el tamaño muestral efectivo, se genera una muestra mayor (sobremuestra) basada en las tasas de respuesta histórica de la encuesta.

“Es una metodología muy rigurosa, aleatoria hasta la última etapa, lo que nos permite usar estadística inferencial, aplicar las leyes de probabilidad, calcular los márgenes de error. En resumen, es una encuesta presencial, de selección aleatoria, en la que el encuestador va leyendo las preguntas y se muestra una tarjeta para las preguntas más complejas”, puntualiza.

Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, señala que hay que ser cautelosos a la hora de realizar deducciones que pueden sobre interpretar la realidad. “La Encuesta CEP contiene un número relativamente limitado de preguntas sobre la Convención, una pregunta de confianza y dos sobre las expectativas, por lo que no es posible a partir de ellas realizar muchas inferencias”, comenta.

Respecto a los resultados que se obtuvieron en general de la Convención, Juan Pablo Luna, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, estima que son bastante coincidentes respecto a la evolución que ha tenido la opinión pública sobre la Convención.

“Por un lado, hay esperanza y una serie de percepciones positivas respecto de la Convención, que con el tiempo se han ido moderando y declinando. De alguna manera está vista como una promesa de una política diferente en Chile, pero hoy empieza a ser vista más como una institución que tiene los vicios y virtudes, eventualmente, de otras instituciones, pero en la cual todavía hay un capital de esperanza puesto allí”, sostiene.

Bernardita Valdés, investigadora del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, considera que los resultados obtenidos por la encuesta son un fiel reflejo del trabajo de la Convención durante estos primeros meses de funcionamiento. “La considerable disminución de las expectativas y aumento de la desconfianza en el proceso, son muestra de que hoy la ciudadanía está cayendo en cuenta de que este sueño de una Constitución solucionadora de problemas, en realidad era más difícil de lo que ellos creían y que, al final del día, la solución no estaba ahí”.

Carmen Le Foulon destaca que una de las preguntas importantes a tener en cuenta es qué se espera de los convencionales respecto de la forma de trabajar.

“La encuesta muestra que la gran mayoría de las personas prefiere que privilegien los acuerdos, aunque signifique ceder posiciones”, advierte. “La ciudadanía chilena es moderada, no está polarizada, busca que la convención llegue a acuerdo. La ciudadanía tiene confianza en la Convención, que es, comparativamente si uno quiere, dentro de las instituciones con mayor confianza. Aproximadamente ¼ de la población confía bastante o mucho en ella”.

En ese sentido, uno de los elementos que fueron consultados en la encuesta tiene relación con la confianza de la ciudadanía hacia diferentes instituciones. De un total de 19 que fueron evaluadas, la Convención obtuvo el séptimo mejor resultado. Sin embargo, sólo un 24% de los encuestados tiene mucha o bastante confianza en su trabajo.

La pregunta de confianza debe ser tomada con cautela, menciona Claudio Fuentes. “Se están comparando instituciones de larga duración, que tienen sobre 100 años y con una cobertura nacional, con una institución como la Convención que tiene en el momento de hacer la encuesta solo un mes. Hubiese sido interesante consultar a la ciudadanía cuánto y a través de qué medios había escuchado de la Convención, ya que no sabemos bien si los encuestados sabían o habían escuchado de la existencia de la Convención”.

Para Bernardita Valdés, la baja confianza se debe a las constantes polémicas que se han generado, el ánimo polarizador y la constante vulneración de las reglas del proceso. “Lo ocurrido con el convencional Rojas Vade, las constantes solicitudes de aumento de presupuesto para la Convención, el haber omitido la norma de los 2/3 haciendo caso omiso al mandato constitucional, son sólo algunos ejemplos de posibles razones por las cuales la ciudadanía ya no mira este proceso con los ojos que tenía en un comienzo”.

“Que el nivel de confianza esté en un 24% no sólo es un mal resultado, sino que además es preocupante considerando que estamos hablando del órgano elegido por la ciudadanía para redactar la propuesta de nueva Constitución Política que deberá regir al país completo”, concluye.

Juan Pablo Luna pone énfasis en el contexto general en que se encuentran las instituciones. “Todas las instituciones en Chile están en un nivel bajo de confianza, por lo que en términos absolutos no me sorprende el porcentaje. Además, el posicionamiento relativo depende de cuándo se hizo el campo de la encuesta, qué escándalos o noticias se estaban viralizando durante ese momento. Yo creo que estamos en un contexto de alta polarización política y mucho desgaste de las instituciones”.

También comparte que los escándalos como el Rojas Vade le hicieron mal a la confianza de la Convención, así como también el tema de las asignaciones en su momento o el ruido que se generó en torno a los quórums de votación. Ahora bien, contrapone que “es evidente, y nosotros lo vemos en análisis de redes sociales, que hay todo un sector de la constituyente y un sector social que hoy está siendo una oposición, y una oposición bastante desleal en términos de circular noticias falsas o noticias exageradas respecto a lo que está pasando en la Convención, que también le pega a la legitimidad y popularidad del proceso”.

“Mi interpretación de ese 24% es que por tratarse de una institución que recién venía instalándose, seguramente parte de los encuestados no habían escuchado mucho de ella, y otra parte todavía no podía hacerse una idea sobre la Convención dado que recién comenzaba a funcionar”, complementa Claudio Fuentes.

“Se trata, además, de instituciones muy diferentes las que se comparan. Por ejemplo, Carabineros tiene un despliegue territorial nacional, con comisarías y presencia en todo Chile, con una estructura jerárquica y presencia en las calles con una función de velar por el orden público. En cambio, la Convención es un ente que se instaló en Santiago, que es un cuerpo colectivo y deliberativo”.

Precisa que comparar esas dos instituciones resulta particularmente difícil. Sin embargo, lo que sí puede aseverarse, afirma, que en general la ciudadanía tiene una percepción de mucha desconfianza hacia todas las instituciones, lo que se grafica en la caída de 30 puntos de confianza en los últimos años en

instituciones como FFAA y Carabineros. “En el marco de un desplome de confianza no me extraña que se le dé un 24% a la Convención. En Chile, domina el escepticismo”, expone.

Otro de los puntos importantes que aborda la encuesta tiene relación con las expectativas de resolver, mantener o empeorar los problemas del país que tiene la Convención. El 49% de los encuestados señaló que probablemente la Constitución ayude a resolver los problemas actuales, un 30% cree que probablemente dejará todo igual y un 15% opina que probablemente empeore la situación actual.

Respecto al periodo que se había evaluado anteriormente, en diciembre de 2019, se observa una leve disminución de las expectativas (56% vs 49%) y un leve aumento de las opiniones en torno a que se mantendrán las cosas igual (25% vs 30%) o empeorarán (6% vs 15%).

“Creo que es natural dado el proceso y el contexto. Una forma de mirarlo es que no hay ningún candidato presidencial hoy que tenga esos niveles de expectativas puestas sobre sí. Si uno mira las estadísticas de quien prefiere o quien cree que será presidente, son porcentajes casi de la mitad de ese 49%”, señala Juan Pablo Luna.

“Entonces creo que hay una baja, pero por otro lado creo que todavía hay un nivel de confianza que la Convención debiera tratar de cuidar y tratar de evitar todo tipo de situación y error que lo profundice. En ese sentido, a mí me preocuparía que siga bajando”.

Carmen Le Foulon piensa que es distinto a cómo uno evalúa instituciones que llevan una trayectoria y una historia anterior para tomar en cuenta. En cambio, señala, “tenemos esta institución que es muy nueva, que recién está funcionando y que mediáticamente hemos visto muchas cosas. Yo creo que va a ser muy interesante ver en los próximos meses cómo evoluciona la confianza, ver su correlato en la percepción de que las cosas vayan a mejorar”.

Claudio Fuentes reconoce que no le sorprende que bajen las expectativas en la medida en que la Convención comience a parecerse más a un foro deliberativo donde se contrastan opiniones y emergen conflictos. Sin embargo, puntualiza que “como todavía no tenemos acceso a los datos particulares, no sabemos en qué segmentos socioeconómicos o grupos cayó más esa expectativa”.

“Pienso que puede deberse a que una cosa es cuando se tiene una noción abstracta de lo que puede ser la Convención. Una vez que es electa y se tiene información sobre el modo en que funciona, quiénes son sus integrantes y los temas que comienzan a debatirse las expectativas debiesen tender a bajar”.

Bernardita Valdés plantea que, si bien puede ser apresurado sacar conclusiones, es importante tener presente que los contextos son absolutamente distintos. “El 2019, había muchas expectativas sobre el proceso constituyente, de cómo a través de una nueva Constitución se iban a solucionar muchas de las demandas sociales que se alzaron post 18 de octubre. Hoy, el contexto es completamente distinto, un Chile golpeado con los efectos de la pandemia y una Convención Constitucional que ya cumplió 3 meses de funcionamiento”.

Por su parte, Carmen Le Foulon se enfoca en el 49% de las personas que sí tiene esperanzas en el proceso constituyente. “Siempre se puede ver desde diferentes perspectivas, pero cuando nosotros les preguntamos si cree que la nueva constitución va a ayudar a resolver los problemas, casi la mitad de la población, 49%, cree que si”, opina.

“Entonces hay una expectativa positiva del trabajo constitucional y yo creo que tenemos las luces de cómo queremos que trabajen, que sea llegando a acuerdos. Creo que hay un potencial de confianza según lo que avance la convención”.

Le Foulon añade que la forma de trabajo y los consensos que se logren van a ser un elemento central de aquí en adelante. “La ciudadanía es moderada, no está polarizada. Cuando uno ve por ejemplo, en el eje de quien debe ser el principal responsable del sustento de las personas, si el Estado o las personas mismas, también se distribuyen bastante homogéneamente. No quieren todo el Estado o todo las personas, sino que se distribuyen entre ambas”, asegura.

Agrega que puede haber una percepción más clara de lo que puede pasar por la nueva constitución, entendiendo que no solucionará los problemas ahora, sino que con el paso del tiempo y de manera estructural.

“Las colas en salud o las listas de espera, con la promulgación de la nueva Constitución no es que se vayan a acabar. Puede haber algo de eso, de personas que esperaban cambios más bien de política pública que de la Constitución, que puede estar afectando”.

Ahora bien, señala que la caída es bastante pequeña como para no dramatizarla. “Cayó 7 puntos, creo que hay un juego con el margen de error, que si bien es significativa, las diferencias pueden ser menores o mayores. Pero yo no dramatizaría mucho. El porcentaje que cree que la situación va a empeorar aumentó, pero sigue siendo un 15%. Si uno lo piensa, probablemente debe estar asociado a las personas que se identificaban con el rechazo”, puntualiza.

Hay 2 elementos más que incorporamos en el análisis de los resultados que se obtuvieron y que pueden tener relación con la perspectiva que tiene la ciudadanía sobre el trabajo que está realizando la Convención Constitucional: el rol que han jugado las fuerzas políticas, los medios de comunicación y las redes sociales.

“La Convención ahora tiene unos meses difíciles porque va a convivir con la elección presidencial y con el fin del Gobierno de Piñera. Mi esperanza es que una vez que pase el clima electoral, a la Convención se le deje un poco más tranquila, y se asocie menos a la lógica del sistema de fuerzas tradicionales”, comenta Juan Pablo Luna. Lo mejor que le puede pasar a la Convención, estima, es desacoplarse de la lógica del sistema político.

“Mantener cierta autonomía del ciclo electoral hubiera sido bueno, creo que hoy hay mucho candidato que está politizando el proceso de la Convención para intentar sacar renta electoral, y creo que eso puede ir disminuyendo cuando cierre el ciclo”.

Para Bernardita Valdés, las fuerzas políticas son quienes han permitido que se formen los primeros acuerdos y las primeras alianzas dentro de la Convención, en base a las afinidades que van encontrando los diferentes sectores. Sin embargo, contrapone que son estas las principales responsables de la disminución de la confianza en la Convención Constitucional.

“Especial importancia tiene el rol que hoy juega la izquierda radical en el proceso constituyente. Al ser una mayoría más sólida dentro de la Convención, es la llamada a salir a buscar estos acuerdos. Recordemos que, aunque tiene el grueso de los convencionales, no tiene los suficientes votos como para poder contar con los 2/3 necesarios para la redacción de la propuesta de nueva Constitución”, destaca.

Carrmen Le Foulon espera que se logren grandes acuerdos y consensos, porque de lo contrario, señala, atrincherarse en posiciones extremas le hará un daño al proceso constitucional.

“La legitimidad de la Convención se va a basar en que se logren los acuerdos y se empiece a avanzar. La mayoría de la ciudadanía es moderada, en el sentido de que no está en unos polos extremos que no se conversa. Estas visiones extremas de ambos lados pueden llevar a una deslegitimación, más allá de lo que haga la prensa”.

Además, recuerda que para la elección de convencionales la abstención fue bastante alta, sólo un 43% fue a votar, por lo que “le hacen un flaco favor a la constitución y al futuro político de sus agrupaciones si quedan reducidos a los extremos de la ciudadanía. Los convencionales no debieran atrincherarse, sino que pensar que no solamente representan a sus votantes, sino que están construyendo la constitución para toda la ciudadanía y para futuras generaciones”.

Juan Pablo Luna resalta las alianzas que se han ido generando al interior del órgano y cómo se han marcado diferencias respecto de la arena tradicional.

“Apruebo Dignidad, por ejemplo, está medio quebrado en la Convención, el Partido Comunista funciona más con los Pueblos Originarios y gente de la Lista del Pueblo, el Frente Amplio funciona más con el Colectivo Socialista y han liderado de alguna manera la Convención”. Además, destaca la diferenciación que se ha ido dando al interior de la derecha.

“Hay un grupo que está refugiado en el rechazo y claramente apostando al plebiscito de salida, mientras que hay otros constituyentes, de Renovación Nacional y Evópoli con una visión más constructiva, que ojalá empiece a predominar en los meses que siguen”.

Respecto al rol que han jugado los medios de comunicación y las redes sociales, Bernardita Valdés opina que ha sido bastante conflictuado, dado que hay constituyentes que se resisten a permitir su ingreso, afectando la transparencia del proceso.

“Sin embargo, creo que el rol que hoy han jugado ha sido fundamental a la hora de transmitir y difundir declaraciones de los constituyentes destinadas a esclarecer posiciones o problemas que se gestionan en las diferentes sesiones. Las redes sociales hoy incluso han quedado reguladas dentro de ciertas normas aplicables a los convencionales constituyentes, lo que muestra el poder que tienen y el importante rol que jugarán una vez que comience la discusión de fondo”, resalta.

“Si te fijas en la confianza en las instituciones, la que cayó más fuertemente fue la de las redes sociales”, connota Carmen Le Foulon.

En ese sentido, Juan Pablo Luna estima que hay una responsabilidad de los medios y las redes en enfatizar las cosas más estridentes y escandalosas, poniendo mucho menos énfasis en la explicación y observación del proceso.

“Creo que han contribuido a polarizar y a generar un ambiente de opinión pública que tiene a la convención en una situación más compleja de lo que debiera ser. Sería bueno que los medios no sólo enfatizaran los escándalos o las cuestiones más polarizantes de la Convención, sino también los acuerdos que se está llegando, el tenor del proceso. Uno ve que en los programas de los medios usualmente aparecen ciertos convencionales, sería bueno ampliar la mirada y abrir espacio para otras voces”, observa.

Claudio Fuentes señala que el rol educativo de los medios ha sido una excepción, más que la regla. “Para mí, a los medios de comunicación sí debiese corresponderles una responsabilidad social, no solo de informar ciertos hechos,

sino que además contribuir a educar, particularmente en un contexto plagado de noticias falsas. El proceso constituyente es un hito histórico y al menos los medios de comunicación tradicionales no se han interesado en generar iniciativas de alcance masivo para explicar el proceso”, sostiene.

Por otro lado, se ha difundido dentro de la opinión pública la existencia de una supuesta campaña de desprestigio del órgano constituyente.

Para Bernardita Valdés, “la llamada campaña de desprestigio no es sino una manera de justificar las malas decisiones que se han ido tomando dentro de la misma Convención. Son los mismos convencionales los que de una u otra forma terminan afectando la reputación de la institución, con decisiones como la vulneración de los ⅔, lo que finalmente ha llevado a la ciudadanía a perder confianza”.

En ese sentido, añade que “es completamente impresentable que en una instancia tan solemne como la que hoy presenciamos, haya convencionales que se presenten a una sesión disfrazados de dibujos animados”.

Juan Pablo Luna, estima que “es una mezcla de un proceso natural. Hay una campaña articulada, con bots, de desprestigio y errores propios de algunos convencionales”.

Mientras que Claudio Fuentes señala que no es posible afirmar que hay una campaña de los medios de comunicación tradicionales, considerando radio, televisión y prensa escrita. “Cuando se habla de una campaña, usualmente se piensa en la organización de acciones concertadas y articuladas para cumplir con un objetivo, en este caso, desprestigiar la Convención. No hay indicios de acciones concertadas para desprestigiarlas”.

Lo que sí se puede asegurar, afirma, es que en redes sociales hay grupos que han generado campañas masivas que buscan generar una imagen negativa de la Convención. “La iniciativa Plataforma Contexto en la que participo ha seguido y sistematizado el debate en redes sociales y podemos confirmar que existe evidencia clara de grupos que realizan campañas dirigidas en contra de la Presidenta de la Convención y de la misma institución”.

Por último, expresa que hay una expectativa en el debate público respecto de la Convención como de un espacio superior. “Se le pide a las y los convencionales comportarse y resolver todas las imperfecciones de la sociedad chilena, lo que genera una ilusión de que en dicho cuerpo deliberativo esté la solución a todos los males de la sociedad”.

En su opinión, la Convención es sencillamente un grupo de representantes electos, altamente politizado, que deberá negociar y establecer acuerdos y que tendrá que deliberar privada y públicamente sobre la nueva carta fundamental.

“Es probable que nos maravillemos por sus virtudes y nos desilucionemos de sus defectos. La evaluación final la hará la ciudadanía en el plebiscito cuando concurra a ratificar el nuevo texto, no son las encuestas sino ese referéndum el test de confianza de la Convención”, finaliza.

 

 

(1) https://www.cepchile.cl/cep/site/docs/20210915/20210915081102/encuestacep_sep2021.pdf