El hecho ocurrió en un camino rural de la comuna de Putaendo, lugar donde el acusado atropelló a dos transeúntes, causando la muerte de uno de ellos y lesionando gravemente al otro, huyendo del sitio para dirigirse a denunciar el acto a Carabineros, infringiendo los artículos 195 y 176 de la Ley de Tránsito.

El funcionario fue condenado a la pena de 12 años de presidio. En su defensa, argumentó que el hecho fue accidental y que debía ser exculpado por no existir dolo en su actuar, y en subsidio, solicitó una pena atenuada por no cometer el delito con alevosía; contradicción argumental que el máximo Tribunal calificó como improcedente.

La magistrada acogió la demanda de indemnización de perjuicios, tras dar por probada la responsabilidad del municipio en el accidente, por falta de servicio.

En primera instancia, el Tribunal rechazó las acciones interpuestas tras determinar que la actora no había acreditado los hechos denunciados, sin embargo, en alzada la Corte estableció que en materia de consumo la carga de la prueba se invierte.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Talca.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al estar dirigido en contra de hechos asentados por el tribunal del fondo.

El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago, que confirmó la resolución de multa dictada por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

El máximo Tribunal revocó la sentencia en alzada, tras establecer la responsabilidad de la demandada por incumplir obligación de mantener la ruta en condiciones de seguridad para el desplazamiento de los usuarios.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso impetrado en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, por manifiesta falta de fundamento.

Los demandantes también dirigieron la acción en contra del Fisco de Chile, como responsable de la negligencia del Ministerio de Obras Públicas, pero fue rechazada por el Tribunal, luego de determinar que la mantención de los paraderos de la locomoción colectiva no estaba dentro de las funciones de esa cartera ministerial.