La recurrente posee una obligación de seguridad respecto de quienes circulan por la vía pública, siendo su deber mantenerla en buen estado, previniendo que las personas que la utilizan sufran daños.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia atacada, dictada por el 15° Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda de indemnización de perjuicios y condenó en costas a la empresa.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de casación en la forma deducido por la demandada en contra de la sentencia, dictada por el 22° Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, que ordenó el pago de $80.000.000 por concepto de daño moral, más la cifra que se determine en la fase de ejecución del fallo, por concepto de indemnización por lucro cesante.
El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la resolución atacada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que acogió parcialmente la demanda y ordenó a la empresa concesionaria el pago de la suma total de $3.915.000.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el Juzgado de Letras de Vicuña, que ordenó al municipio demandado el pago de la indemnización por daño emergente y daño moral, tras establecer la falta de servicio del recurrente y el actuar negligente del colegio bajo su dependencia.
El Tribunal estableció la responsabilidad de la concesionaria en el accidente fatal, por no mantener las condiciones de seguridad que permitan la circulación de vehículos por la ruta libre de obstáculos, ordenando el pago de una indemnización total de $490.000.000, por concepto de daño moral, a los demandantes.
El máximo Tribunal declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó el recurso de casación en el fondo interpuestos por la demandada en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que acogió la demanda.
El máximo Tribunal no hizo lugar al recurso intentado por no cumplir con los requisitos de derecho estricto para ser admitido a tramitación.
El Tribunal estableció responsabilidad del centro de salud por no mantener condiciones de seguridad y señalética en la zona de desplazamiento de usuarios.
