Debe considerarse que constituye una carga ilegítima mantener la situación de indefinición por un período prolongado, en vista de mantener el estado de incertidumbre y que igualmente puede estimarse incide en una pérdida substancial de la garantía del debido proceso.
El establecimiento educacional aplicó la normativa correspondiente teniendo en cuenta las particulares características de los niños involucrados.
No corresponde que a través del recurso de protección se evalúe el mérito de las decisiones del colegio, las que se han adoptado con apego al Reglamento Interno y a la normativa educacional.
No obstante, la aplicación del protocolo de acoso escolar no pudo llevarse a cabo debido al cierre anticipado del año escolar de la recurrente.
Resulta lógico dar prioridad a aquellas medidas de carácter formativo, por sobre las más gravosas, y ello en virtud del principio de proporcionalidad.
