La intervención en los mandatos constitucionales relacionados con el acceso futuro a una pensión digna, el derecho a la salud y la sostenibilidad financiera, es de intensidad leve, tomando en cuenta la falta de certeza sobre el riesgo presunto y toda vez que no necesariamente todos los afiliados al sistema privado han hecho efectivo el retiro.

Si en el formulario de adhesión a una AFP se utilizan afirmaciones tales como «la afiliación se hace libre, voluntaria y sin presiones», u otras similares, no libran a las AFP de su obligación de brindar información completa, objetiva y comparada de los distintos regímenes pensionales y las consecuencias asociadas al traslado entre ellos. A lo sumo, estas expresiones sirven para acreditar un consentimiento sin vicios, pero no uno debidamente informado.

Al contar con los antecedentes requeridos para pagar, no corresponde que la AFP solicite otra documentación.

La AFP no excedió su objeto social al enviar la misiva.

El artículo 14 de la Ley N°21.254 establece el deber de consulta de la AFP a sus afiliados por la eventual existencia de deudas alimenticias y la obligación de suspender la tramitación del retiro en caso de deudas, por lo que no suspender el retiro de fondos constituye una omisión ilegal y arbitraria, que afecta las garantías constitucionales de los alimentarios.

No existe una explicación razonable que justifique porqué la recurrida no hizo gestiones encaminadas a evitar el detrimento de los dineros solicitados para su retiro.

El objetivo es que las cotizaciones efectuadas en las instituciones previsionales del antiguo sistema se incluyan en la cuenta de capitalización del afiliado, a fin de incrementar los recursos de la misma.

Se busca limitar la actuación en materia de distribución de utilidades de tales sociedades, atendido el tipo de cotización de seguridad social que administran.

Los fondos solicitados corresponden al período trabajado dentro del país, y deben ser reintegrados en cumplimiento de los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156.

La recurrida sostuvo que la suma retenida estaba destinada a cubrir la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia, según las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones.