La sentencia expresa que, si bien, el hecho denunciado, debe ser considerado como abandono de deberes, aquel no reviste los caracteres ni la entidad suficiente para estimar configurado el notable abandono de deberes a que refiere el artículo 60 letra c) de la Ley N° 18.695 para aplicar la máxima sanción administrativa.

Los reclamantes arguyen que en el fallo impugnado el tribunal establece que los montos gastados en forma ilegal por el alcalde son de poca entidad, que no afectaron al patrimonio de la municipalidad.

El tribunal ordenó oficiar al Registro Nacional de Conductores para que tomen conocimiento de la suspensión de la licencia de conducir del penado por dos años.

Evitando que se produzca una arbitrariedad en las próximas elecciones.

A fin de que puedan presentar su candidatura para las próximas elecciones.

El Tribunal tras dar por acreditada la relación laboral entre las partes, ordenó a la municipalidad el pago de una indemnización de $12.000.000 por concepto de daño moral, a la demandante, y la realización de un curso sobre derechos fundamentales, igualdad de género y acoso sexual para todos los funcionarios de planta y personal a honorarios, bajo apercibimiento de multa de 100 UTM.

A fin de que las primarias se realicen en igualdad de condiciones para todos los candidatos.

El TER de Valparaíso indicó, en su oportunidad, que no es posible aplicar en este procedimiento el plazo de reclamación establecido en el título V de la Ley N° 18.700, toda vez que dichos términos están determinados para elecciones populares directas, lo que no ocurre en la especie.

La sentencia indica que resulta relevante detenerse en el análisis de la expresión “notable”, que utiliza el legislador para atribuir al “abandono de deberes” la fuerza necesaria para hacer cesar, por remoción, a la máxima autoridad de la comuna, que ha sido electa por la expresión de la voluntad soberana de la comunidad local.

El Tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la medida cautelar de prohibición de salir del país de los imputados, por considerarla proporcional a los fines de procedimiento. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.