El requerimiento acusa a la edil de incurrir en la causal prevista en el artículo 60 letra c) de la Ley Orgánica Constitucional (LOC) de Municipalidades.
El alcalde cuenta con facultades para adoptar una decisión como la de modificar su imagen corporativa, toda vez que se trata de una determinación de tipo administrativo.
El Tribunal de alzada consideró que la entidad edilicia carece de legitimación para recurrir de la decisión.
El Tribunal de alzada desestimó el recurso, por considerar que no se advierte ilegalidad alguna en lo manifestado por la autoridad comunal.
Alega que el ex edil incurrió en notable abandono de deberes e infracciones graves y reiteradas a la probidad administrativa durante el ejercicio de su cargo.
No pagó oportunamente las cotizaciones previsionales de trabajadores municipales que resultaron vencedores en diversos procedimientos judiciales laborales, por lo que el municipio incurrió en millonarios gastos solo por concepto de multas en beneficio de los actores.
En el caso sublite, no existe una preponderancia a priori de un derecho respecto del otro, ya que ambos (derecho a la honra v/s libertad de expresión) son denominados de segunda línea, a diferencia, a todo ejemplar, de la vida, integridad física, igualdad, entre otros.
Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
En la época en que la peticionaria accedió a la protección del artículo 59 de la Ley 18.695, su cargo no era de exclusiva confianza, por lo que tiene derecho a volver a ese empleo en razón de la norma citada.
