La requirente sostiene que ve limitada su actividad económica por la ineficiencia de la DGA que no se pronuncia sobre el cambio de punto de captación, infringiendo sus garantías a la igualdad repartición de las cargas públicas y libertad económica.

La Sala respaldó de manera unánime las indicaciones presentadas al proyecto que amplía los plazos de inscripción y desjudicializa algunos procedimientos a fin de facilitar los trámites, sobre todo en los sectores rurales.

La iniciativa busca establecer un plazo general para el proceso de inscripción y regularización de derechos de aprovechamiento de aguas en el Catastro Público de Aguas.

Debe tenerse en consideración la delicada situación que afecta al acuífero sobre el cual se constituyeron los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas de la reclamante, declarado área de restricción para nuevas extracciones de aguas subterráneas.

El reconocimiento legal es suficiente para la protección integral del derecho, sin que sea necesario obtener una inscripción al respecto, pues el legislador tampoco lo ha exigido.

Los trámites para el traslado de los derechos inscritos y puntos de acceso, no son una causal legal de exención, pues el beneficiario conoce las obligaciones que traen consigo los derechos de aprovechamiento de aguas.

Estas dificultades pueden ser solucionadas con la constitución de las respectivas servidumbres de tránsito y/o acueducto.

El actuar del recurrido es potencialmente vulneratorio de la integridad física de los recurrentes y se yergue como una medida de autotutela ilícita proscrita en nuestro ordenamiento jurídico.

El Tribunal de alzada acogió la acción deducida tras constatar el actuar ilegal y discriminatorio de la recurrida.