No es prudente retrotraer el proceso licitatorio a una nueva evaluación de las propuestas. El contrato está en plena ejecución configurándose para los adjudicatarios una situación jurídica consolidada sobre la base de la confianza en la entidad licitante, además de la complejidad y necesidad de dar continuidad al servicio.

El tribunal estima que dando explicaciones de carácter estrictamente tecnológico no se logra aclarar de qué forma se afectó el principio de libre concurrencia y el principio de igualdad de los oferentes.

Para la evaluación de la capacidad económica de los oferentes no resulta suficiente considerar sólo los activos, sino que también los compromisos financieros existentes en las empresas.

Además, no se advierte la manera en que dicha ampliación del plazo pudo beneficiar solo al proveedor que finalmente resultó adjudicado ni tampoco de verifica que se haya producido un perjuicio fiscal.

No se ha producido una vulneración del principio de estricta sujeción a las bases ni del principio de igualdad de los oferentes; ambos principios cardinales de la contratación pública nacional.

El error en el que incurrió el oferente demandante no puede ser considerado de carácter formal, pues se trataba de un aspecto esencial de su propuesta que incidía en la oferta económica presentada, por lo que no podía ser intervenido, ni menos aún, alterado, ni cambiado.

La Ley N° 19.886 no contempla, al menos en contra de sentencias definitivas, un recurso de apelación que permita revisar en segunda instancia el mérito de lo resuelto por el TCP.

Respecto a la denuncia por falta del servicio de notas de crédito, el Contralor dictaminó que aquella no forma parte de la licitación pública.

Esa facultad sólo tiene aplicación para enmendar errores de forma de acuerdo al artículo 40 del Reglamento de la Ley N°19.886, y el no presentar las facturas requeridas constituye un vicio de fondo, insalvable por ese procedimiento.

Las Bases de Licitación facultan a la entidad licitante para dejar sin efecto la adjudicación en caso de que el adjudicatario no cumpla con la entrega de los documentos exigidos, y permiten seguir el proceso con otro oferente que sí de cumplimiento a lo requerido.