La entrega de estos antecedentes constituye una herramienta eficaz que permite un control social sobre el proceso que ejecuta el organismo, en específico, posibilita fiscalizar que las condiciones exigidas por la ley para la constitución de las agrupaciones indígenas se cumplan correctamente.

Que la propiedad haya sido adquirida por el vendedor de conformidad al DL N°2.695, sumado a que este tenga apellido mapuche puede calificarse sólo como una coincidencia.

El hallazgo corresponde a una señalización de una pertenencia minera y no a las apachetas reclamadas por la comunidad, por lo que no se vulneran la libertad religiosa ni existe un trato discriminatorio de la empresa al removerlo –con autorización del CMN- e impedir el acceso a sus terrenos por razones de seguridad.

La negativa a practicar la inscripción, subsanado el reparo que se formuló, excedió las facultades calificadoras establecidas en el artículo 13 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, al evidenciarse que no existía el vicio de nulidad que se invocó.

El retraso de la Corporación en la emisión del informe ha creado inestabilidades psicológicas en los miembros de la Comunidad Indígena, quienes se encuentran en un estado de angustia por el futuro del proceso judicial, alegan los recurrentes.

Las tierras ceremoniales son esenciales para el despliegue de la libertad de creencia de los recurrentes y se encuentran protegidas tanto a nivel legal, como también a través de en instrumentos internacionales que son obligatorios para el Estado.

La obtención de personalidad jurídica de las comunidades indígenas no deviene de un acto en concreto dictado por la administración del Estado, sino que tiene su origen directo en la Ley.

La corporación, en ejercicio de sus facultades, consideró verificados los requisitos legales para la inscripción de la comunidad, cuya decisión no se contrapone ni a la ley ni al reglamento de la materia.

La declaración de falsedad ideológica o desviación de poder es procedente cuando se refiere a un acto administrativo que comprenda una decisión.

Para el máximo Tribunal, en este escenario fluye que la Conadi ha incurrido en una demora excesiva en la tramitación de la petición administrativa que, si bien no justifica la irrupción que ellos hicieron en el predio de la actora, obliga a que esta Corte, en pos del restablecimiento del imperio del derecho y la búsqueda de la debida protección de los afectados, disponga que a dicho procedimiento deberá dársele curso con la mayor celeridad posible.