La protección que brinda la ley N°19.253 a la propiedad indígena lo es a personas o comunidades indígenas y en relación a tierras indígenas, sustentado en un título o antecedente legal.

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia de la Corte de Valdivia que confirmó el fallo de primera instancia que no dio lugar a la reclamación deducida en contra del Conservador de Bienes Raíces de Osorno, por negarse a practicar la inscripción de un título.

Los vendedores del inmueble cuya inscripción se pretende son descendientes de la etnia mapuche-huilliche, pues poseen uno o dos apellidos indígenas. Los actores celebraron un contrato de compraventa con los dueños de dicho terreno por escritura pública. Al ingresar el título para su registro ante el CBR de Osorno éste se negó a inscribirlo, al considerar que se trata de una compraventa sobre tierras indígenas amparadas por la Ley N°19.253. La CONADI, sin embargo, emitió una carta informando que el inmueble no exhibe la calidad de indígena, documento fue reingresado con el título para su registro pero nuevamente el CBR se negó a practicar la inscripción por los mismos motivos.

Los compradores dedujeron reclamo en contra del Conservador el que fue desestimado por el 1° Juzgado de Letras de Osorno, al estimar “que el Conservador rechazó la inscripción porque el inmueble objeto de la compraventa es tierra indígena, y no podía ser enajenado, -salvo entre comunidades o personas indígenas de la misma etnia-; y porque no constaba que los compradores fueran indígenas de la etnia mapuche-huilliche. Tales circunstancias viciaban de nulidad absoluta al contrato. En consecuencia, actuó conforme a derecho.”