El principio de inexcusabilidad de los tribunales de justicia obliga al sentenciador a resolver el conflicto, no pudiendo excusarse en la inexistencia de reglas en el procedimiento no contencioso que permitan solicitar la rectificación de inscripciones.
El CBR fundó su abstención en el artículo 55 del Reglamento Conservatorio, que exige la concurrencia de todos los herederos para disponer de un inmueble hereditario previo a la partición.
El actor carece de ese derecho pues el testamento sólo establece que los derechos hereditarios de este, en cuanto hijo del causante, se le paguen mediante la adjudicación preferente del inmueble condicionando el goce o utilización del mismo al fallecimiento de una tercera persona en cuyo favor le fue legado el usufructo vitalicio de ese inmueble.
En base al artículo 13 del Reglamento del Conservador, éste se negaba a inscribir el contrato, debido a que en una cláusula específica se consignaba que una parte cedía y transfería, mientras que la otra no figuraba aceptando dicha cesión.
El requirente alega que se le ha despojado de su propiedad mediante un procedimiento fraudulento, vulnerando sus garantías constitucionales.
Mediante informe del órgano se da cuenta que las tierras vendidas no se encuentran calificadas como indígenas, por lo tanto, al negarse a efectuar la inscripción el Conservador excedió sus facultades.
En la especie, la actora subsanó los reparos luego que caducara el plazo de dos meses que consagra el Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces.
Si bien el artículo 13 del Reglamento faculta al Conservador a practicar las inscripciones que se le presenten, en todos los casos debe acreditarse el antecedente que lo vincula con la facultad que emana del respectivo título.
La negativa a practicar la inscripción, subsanado el reparo que se formuló, excedió las facultades calificadoras establecidas en el artículo 13 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, al evidenciarse que no existía el vicio de nulidad que se invocó.
El hecho que el solicitante no tenga la calidad de indígena, no transforma a una propiedad que ostenta dicha calidad, en una común, entenderlo así significaría que toda la legislación tendiente a proteger las tierras ancestrales no tendría aplicación o relevancia alguna.
