Esto, con ocasión de la crisis sanitaria, y en atención a las facultades que el artículo 18 del DS N°66 le otorga al Ministerio de Obras Públicas en casos excepcionales.
Las garantías fundamentales alegadas por los actores no se encuentran resguardadas por la acción constitucional intentada.
La recurrente sostiene que la resolución impugnada afecta directamente la forma en cómo realizan los cultos y ceremonias tradicionales, afectando tradiciones esenciales para la cosmovisión religiosa y ancestral del Pueblo Mapuche.
El actuar de la Convención puede ser calificado como contrario a la buena fe y transgresor del carácter previo de toda consulta indígena, afirman los recurrentes.
No puede concluirse que actualmente, en la etapa en la que se encuentra el proyecto, exista una obligación que haya sido incumplida por la Administración del Estado, pues la obligación de consulta indígena previa no se ha configurado aún.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la autoridad al aprobar el estudio de impacto ambiental del proyecto, al margen de la consulta establecida en la normativa legal vigente.
El Tribunal de Alzada rechazó el recurso, al entender que perdió oportunidad, en tanto la sesión del Consejo Regional del Biobío ya se celebró, y la Modificación al Plan Regulador fue aprobada.
Este recurso no resulta ser la vía idónea para impugnar actos administrativos relativos a materias de carácter ambiental, atendido su contenido técnico y discrecional.
El Tribunal de alzada rechazó la acción constitucional por considerar que la recurrente no acreditó afectación de derechos fundamentales de igualdad ante la ley y no discriminación.
El viernes se revisaron las propuestas normativas de Participación y Consulta Indígena, Derechos Humanos y Participación Popular.
