La decisión de no renovar una contrata vulnera el principio de confianza legítima de los funcionarios, ya que albergan la justa expectativa de ser recontratados el año siguiente cuando se hayan producido renovaciones sucesivas mayores a dos años.
El actor prestó servicios a contrata durante 14 años.
La actora no acreditó indicios que permitieran estimar que su despido vulneró su integridad física y psíquica, ni su derecho a la honra.
El sentenciador estimó que temporalidad pactada en cada uno de los contratos a plazo fijo celebrado entre las partes no estaba dada por la verdadera naturaleza la relación laboral.
El Tribunal de alzada acogió con costas la acción cautelar, tras establecer el actuar ilegal y arbitrario del centro asistencial.
La sentencia revocatoria fue acordada con los votos en contra del Ministro Carlos Aránguiz y del Abogado Integrante Antonio Barra.
