El Tribunal de alzada acogió la orden de no innovar solicitada en el recurso, debiendo la recurrida abstenerse de dar curso al proceso siguiente a la licitación
Los propietarios de los predios tienen la obligación legal de permitir el ingreso de los funcionarios autorizados. El fin del estudio es precisamente precaver la afectación medioambiental mediante un estudio de impacto de las obras en el ecosistema.
El demandante no preparó el recurso de conformidad a lo previsto en el artículo 769 del Código de Procedimiento Civil.
Las autoridades administrativas ya se encuentran desarrollando los procedimientos específicos de fiscalización respecto de Agrícola Coexa S.A.
La Corte de Rancagua ordenó a la Dirección de Obras emitir una nueva resolución exenta que se haga cargo de los argumentos de la recurrente.
La obra afectaría al humedal Cabecera-Bucalemu.
Los hechos denunciados afectan el derecho de igualdad de la recurrente, pues, al no contener una explicación suficiente, la decisión deviene en una discriminación arbitraria.
Además de afectar la calidad de vida de los vecinos, se está dañando el medio ambiente, pues se están contaminando aguas del sector, tanto potable, como de riego, y así también los suelos que son destinados a la agricultura local.
En virtud de las sucesivas contrataciones del funcionario corresponde aplicar el principio de la confianza legítima, pues el funcionario tenía una legítima expectativa de que su contrata fuese renovada nuevamente.
Concurre la identidad legal de personas, de la cosa pedida y causa de pedir.
