Las autoridades realizaron una investigación tardía e ineficiente para esclarecer las circunstancias en las que murió el hombre, que habría fallecido tras sufrir una golpiza por parte del personal del centro psiquiátrico en que residía. Según la Corte, las diligencias investigativas no se adecuaron a los estándares internacionales.

Resultan graves los hostigamientos en la vía pública, las llamadas amenazantes a números privados del juez, las manifestaciones públicas con artefactos pirotécnicos frente a su residencia y las manifestaciones con discursos agresivos dirigidos en su contra frente a su sitio de trabajo. Estas situaciones ponen en riesgo su vida e integridad personal y la de su núcleo familiar, además de generar intimidación, angustia y temor.

Es indispensable que el Estado avance de forma prioritaria en la elaboración y suscripción del contrato que señaló que FONASA celebrará con el prestador de servicios de salud privado. Ello, con el fin de que se garantice que la cobertura del tratamiento médico otorgada a través de dicho contrato entre en vigencia de forma inmediata una vez culmine la cobertura del actual seguro de la menor.

El requisito del arraigo busca salvaguardar la rendición de cuentas por quienes ejerzan la función pública notarial. Para que el interés público sea protegido, se requiere contar con la seguridad de la existencia de un vínculo estrecho de la persona notaria con el Estado. En el presente caso el solicitante nunca tuvo arraigo en Guatemala.

Si bien el asunto tuvo dificultades operativas, debido a que exigió el nombramiento de conjueces, ello no justifica una tardanza de más de 21 años. Además, a lo largo del proceso se presentaron periodos de inactividad que no fueron justificados por el Estado y durante los cuales el afectado presentó diversas solicitudes de impulso procesal que no fueron atendidas.

Se configuran los elementos de la desaparición forzada, pues la víctima se encontraba ejerciendo sus funciones como soldado en el Ejército colombiano y al momento de los hechos el Estado tenía posición de garante. Además, se probó que fueron agentes estatales quienes estuvieron involucrados en su desaparición y hasta el momento el Estado no ha proporcionado una explicación satisfactoria sobre su paradero.

Hay suficientes elementos que permiten relacionar la situación del obispo con los hechos que justificaron la adopción de medidas provisionales en el Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua. Ello lleva a la Corte a constatar que, prima facie, se configuran los mismos factores de riesgo que se han identificado en las Resoluciones adoptadas en este asunto.

Los indígenas constituyen un grupo desproporcionadamente afectado por la pena privativa de la libertad. Así, dicha medida representa un obstáculo para el ejercicio pleno del derecho a la identidad cultural de las personas indígenas, cuyos efectos se extienden a toda la comunidad.

Los extranjeros detenidos se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad, visto que están en un medio social y jurídico diferente del suyo, y muchas veces con un idioma que desconocen, por lo que esta situación puede conllevar entonces a que el detenido desconozca las razones por las que se le ha privado de libertad. En este caso el condenado estuvo en contacto con las autoridades consulares después de ser privado de libertad.

CORTE IDH TV ofrecerá una variedad de contenidos audiovisuales relacionados con el trabajo de la Corte. Los usuarios podrán acceder a estos contenidos a través de la señal en streaming o en la plataforma web de CORTE IDH TV. La programación del año 2023 incluirá audiencias del Tribunal, entrevistas a jueces, juezas, defensores y defensoras de derechos humanos, así como una serie de reportajes titulada «Reparando Derechos», la cual explorará el impacto de la jurisprudencia del Tribunal en la vida de las personas.