Israel debe garantizar con efecto inmediato que sus fuerzas armadas no cometan actos que constituyan una violación de cualquiera de los derechos de los palestinos en Gaza como grupo protegido en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, incluso previniendo, mediante cualquier acción, la entrega de la asistencia humanitaria que se necesita con urgencia.

“Israel reafirma su compromiso de actuar de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluidas las prescritas por la Convención sobre el Genocidio, el derecho internacional humanitario y las reflejadas en la Orden de la Corte de 26 de enero de 2024, en medio de un conflicto armado precipitado por el ataque y las atrocidades cometidas por Hamás y grupos asociados en su territorio”.

Acusa a Alemania de proporcionar apoyo político, financiero y militar a Israel, siendo consciente de que este equipo militar podría ser utilizado para cometer violaciones del derecho internacional. Además, subraya que este país suspendió su asistencia a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

Según Sudáfrica, cualquier ampliación de la presencia militar israelí en Rafah tendría consecuencias devastadoras y podría constituir una violación grave e irreparable de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, así como del fallo provisional emitido por la CIJ en enero de 2024.

El Estado de Israel, de conformidad con sus obligaciones en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, en relación con los palestinos en Gaza, tomará todas las medidas a su alcance para impedir la comisión de todos los actos comprendidos en el ámbito del artículo II de este Convenio.

Solicita que se declare que Israel “ha violado y continúa violando sus obligaciones bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio” y que ordene el cese de las hostilidades en Gaza que podrían constituir violaciones de la convención, que ofrezca reparaciones y que reconstruya la ciudad.

Como ya viene siendo usual, el juez internacional de La Haya siempre busca en sus decisiones establecer un sutil equilibrio entre las pretensiones de ambos Estados: tratándose de situaciones altamente conflictivas entre dos Estados, el esmero del juez internacional en apaciguar los ánimos es más que notorio; logra a partir del contenido en sus decisiones que ambas capitales puedan considerar haber obtenido una decisión favorable.

Salvo error de nuestra parte, es la primera vez en la historia de la justicia internacional que, en el marco de una controversia territorial pendiente de resolución, un Estado intenta mediante una consulta pública a su población decidir sobre el futuro del territorio en disputa bajo examen de los jueces de La Haya.

Aunque las formulaciones pueden variar, la inmensa mayoría de la literatura coincide en que el test de proporcionalidad tiene una estructura específica, que sigue y coincide con la planteada en la influyente obra de Robert Alexy (2002a), y que, por simplicidad, podríamos llamar el modelo “alemán” o “alexiano”.

Conforme al derecho internacional consuetudinario, el derecho de un Estado a una plataforma continental más allá de las 200 millas marinas, a partir de las líneas de base en que se mide la anchura de su mar territorial, no puede extenderse desde las líneas de base de otro Estado.