Expertos advierten que, tal como está presentado el proyecto actualmente, el acceso y tratamiento de la información contenida en las fuentes de acceso público se verían muy restringidos, lo que dificultaría que las empresas –sobre todo las no relacionadas al mercado crediticio– puedan revisar data hasta ahora disponible, en el Registro Civil y SII, entre otros organismos.

El “scoring” debe considerarse como una “decisión individual automatizada”, en principio prohibida por el RGPD, siempre que los clientes de la agencia, como los bancos, le atribuyan un papel determinante en la concesión de créditos. Corresponde al tribunal nacional evaluar si la ley estatal contempla, de conformidad con el RGPD, una excepción válida a esta prohibición.

Solo se puede imponer una multa administrativa a un responsable del tratamiento de datos por infracción del RGPD si dicha infracción se ha cometido de forma culpable, es decir, de forma intencionada o negligente. Así ocurre cuando el responsable del tratamiento no podía ignorar el carácter infractor de su conducta, tuviera o no conciencia de la infracción.

La Comisión de Constitución del Senado escuchó la exposición de la Subsecretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, quien explicó las 28 enmiendas más significativas que hizo la Cámara al proyecto. Además, se planteó la necesidad de armonizar ciertos aspectos.

Los números de identificación de los vehículos deben figurar en la base de datos. Este número, en sí mismo, carece de carácter personal. Sin embargo, se convierte en un dato personal cuando alguien que tiene acceso a él dispone de medios que le permiten identificar al titular del vehículo, siempre que se trate de una persona física.

La norma aprobada por la Comisión de Familia también contempla sanciones en contra de las y los funcionarios que difundan el domicilio u otra información de la víctima.

l plazo para eliminarlos queda sujeto a la normativa contenida en la ley N° 19.628, la que impide la utilización de antecedentes para fines distintos a los previstos para su recolección y ordena la eliminación de estos cuando su almacenamiento carezca de fundamento legal.

No se ha probado que la decisión extintiva acordada por la empresa demandada, en si misma considerada, pretendiera la vulneración de derechos fundamentales o libertades públicas de la trabajadora, ni que el móvil del empresario al acordar el despido respondiera a una causa vulneradora de esos derechos fundamentales lo que legalmente llevaría aparejada la nulidad del despido, según dispone la norma Estatutaria.

De conformidad con el principio de proporcionalidad, solo la lucha contra la delincuencia grave y la prevención de amenazas graves para la seguridad pública pueden justificar una injerencia grave en los derechos fundamentales, como la que supone la conservación de los datos de tráfico y de localización.

La sanción que corresponde imponer es la multa administrativa, que debe ser en cada caso individual, efectiva, proporcionada y disuasoria. A fin de determinar la multa administrativa a imponer se han de observar las previsiones de la norma que indica que se impondrán, en función de las circunstancias de cada caso individual, a título adicional o sustitutivo.