No es admisible la publicación del nombre, cargo y casilla de correo de una persona, si este no autorizó previamente su difusión al público ni se justificó en un texto legal que expresamente lo habilite.

Se infringen las normas de tratamiento de datos personales y sensibles, al atribuir al recurrente ser un mal padre por la red social.

Las regulaciones violan el derecho general de la personalidad del párrafo 1 del artículo 2 en relación con el párrafo 1 del artículo 1 de la Ley Fundamental en su manifestación como derecho a la autodeterminación informativa, porque no contienen umbrales suficientes para la interferencia.

Es información de naturaleza pública y existe un interés público y necesidad de control social sobre tales antecedentes que prevalecen sobre los datos personales de las referidas personas.

Además, la Corte estableció la falta de legitimación activa de la Corporación Municipal de Punta Arenas para impugnar decisiones del CPLT, por aplicación de la limitante contenida en el artículo 28 de la Ley de Transparencia.

El artículo 2° letras f) y g) de la Ley N° 19.628, establece como datos personales y sensibles -y por ende forman parte de la esfera privada de la persona- aquellos que digan relación con el origen racial de las personas.

La actora alegó la ilegalidad de un decreto del Ministerio del Trabajo que exige el registro de contratos de trabajo incluyendo datos personales, alegación que fue rechazada por la Corte, tras estimar que la vía idónea para pedir la invalidación es a través de la acción contemplada en el artículo 53 de la Ley N° 19.880.

A pesar de no tratarse de datos de carácter sensible, el ordenamiento jurídico protege los derechos de los fallecidos –prolongación de su personalidad-, de la cual sus familiares son titulares activados en virtud del derecho de honra, privacidad e intimidad.

El documento reúne recomendaciones básicas orientadas a explicar de forma sencilla la regulación vigente y reforzar la protección de datos personales que se manejan en instituciones de la administración central y municipios, incluyendo la reducción de accesos no autorizados y de tratamientos indebidos de este tipo de información.

Se trata de una discusión que debe ventilarse en un procedimiento de lato conocimiento.